El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos de Venezuela, hace constar de su preocupación ante el riesgo que aqueja a las comunidades indígenas ubicadas en el Municipio Machiques de Perijá, Estado Zulia, y en particular a la comunidad Yukpa Chaktapa, como consecuencia de su reclamo para que se produzca el proceso de demarcación de tierras.
Desde que se organizaron en el año 2004, los miembros de la Comunidad Chaktapa han sido víctimas de un permanente hostigamiento por parte de los ganaderos de la zona, con el propósito de expulsarlos de sus tierras ancestrales que han venido recuperando. Desde el año 2005, la comunidad reiteradamente ha sufrido desalojos violentos, agresiones físicas y amenazas de muerte por grupos armados presuntamente contratados por propietarios asentados en la hacienda Tizina donde está asentada.
Según la denuncia que hicieron los caciques de la comunidad Chaktapa y Guamo Sabino Romero Izarra y Olegario Romero el 5 de mayo de 2008 en PROVEA, el 23 de abril de 2008 un grupo armado asaltó la comunidad tratando de eliminar a Sabino Romero Izarra. En los días 13 y 21 de Mayo y 7 de julio ese mismo grupo armado volvió a amenazar y agredir verbal y físicamente a miembros de la comunidad.
Como respuesta al acompañamiento y apoyo a la comunidad ,en el proceso de denuncia y mediatización del conflicto, el defensor de derechos humanos Lusbi Portillo, profesor de la Universidad del Zulia y coordinador de la Asociación Civil Sociedad Homo et Natura, ha sufrido repetidas descalificaciones por parte del sector ganadero y de funcionarios del Estado, entre los cuales se destacan: la Asociación de Ganaderos de Machiques (GADEMA), el alcalde de Machiques Alfonso Márquez, y la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado.
Ante las omisiones del Estado en cuanto al proceso de demarcación de tierras y las repetidas agresiones físicas y verbales por parte de grupos armados irregulares de que han sido victimas los miembros de las comunidades indígenas de la zona desde el año 2005, y la campaña de descrédito del defensor de derechos humanos Lusbi Portillo por parte de las autoridades locales y de la Ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas Nicia Maldonado, el Foro por la Vida expresa lo siguiente:
1.- Tal y como lo establece el artículo 14 del Convenio 169 de la OIT, ratificado por Venezuela el 22 de Mayo de 2002, debe reconocerse a los pueblos indígenas el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan. Además, en los casos apropiados, deben tomarse medidas para salvaguardar el derecho de los pueblos interesados a utilizar tierras que no estén exclusivamente ocupadas por ellos, pero a las que hayan tenido tradicionalmente acceso para sus actividades tradicionales de subsistencia.
2.- De conformidad con los artículos 119 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y 20 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, el Estado venezolano reconoce la existencia de los pueblos y comunidades indígenas, su organización social, política y económica, sus culturas, usos y costumbres, idiomas y religiones, así como su hábitat y derechos originarios sobre las tierras que ancestral y tradicionalmente ocupan y que son necesarias para desarrollar y garantizar sus formas de vida.
3.- Por mandato constitucional (artículo 119) y según lo establecido en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Pueblos y Comunidades Indígenas, el Ejecutivo Nacional, con la participación de los pueblos indígenas, deberá establecer los procedimientos para demarcar y garantizar el derecho a la propiedad colectiva de las tierras ancestrales de los pueblos indígenas, las cuales son inalienables, imprescriptibles, inembargables e intransferibles.
4.- El lapso de dos años establecido por la Duodécima Disposición Transitoria de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela para realizar dicho proceso de demarcación del hábitat indígena venció en Marzo de 2002 sin resultados visibles, salvo eventuales entregas de titularidad.
5.- Pese a los intentos de negociación realizados por la comunidad Chaktapa con los propietarios privados de las tierras, con la mediación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, no se ha llegado a ningún resultado satisfactorio, ya que sus líderes manifestaron haber sido presionados y obligados a firmar acuerdos desventajosos.
6.- La presencia permanente de presuntos sicarios en las tierras ocupadas por la comunidad Indígena Yukpa Chaktapa representa una amenaza constante para la integridad y la vida de los miembros de dicha comunidad, ya que en varias oportunidades han existido enfrentamientos y agresiones directas contra la comunidad indígena.
7.- Desde el martes 13 de mayo de 2008, los miembros de la comunidad Chaktapa no han podido transitar libremente por la zona, en tanto los presuntos sicarios están apostados en las entradas y salidas de sus tierras, por lo que tienen restringido el acceso a alimentación, escuela, trabajo y salud.
8.- La Fiscalía del Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y los cuerpos de seguridad del Estado Zulia, no han realizado las acciones concretas necesarias para solucionar la problemática y garantizar la integridad y la vida de la comunidad Yukpa afectada, pese a las reiteradas denuncias y solicitudes de protección.
9.- El Foro por la Vida expresa que deben tomarse de forma inmediata las medidas necesarias para la protección integral de los miembros de las comunidades indígenas que están siendo afectadas; dicha protección debe incluir el resguardo de sus bienes, sus personas y su cultura.
10.- El Foro por la Vida manifiesta que las comunidades indígenas, bajo el principio de no discriminación, tienen los mismos derechos a acceder a los órganos de administración de justicia que hagan valer sus derechos y ofrezcan la protección necesaria mientras dure el proceso de demarcación.
11.- El Foro por la Vida apoya toda medida orientada a la protección de las comunidades indígenas, especialmente aquellas que se encuentran en proceso de rescate y demarcación de sus tierras ancestrales, con instituciones gubernamentales y propietarios y exhorta a los entes del Estado responsables del proceso de demarcación a adelantar todos los trámites que sean necesario para cumplir con el mandato constitucional de proceder a la demarcación de las tierras.
12.- El Foro por la Vida reconoce los recientes avances en materia legislativa destinados a adecuar el marco normativo nacional a las obligaciones internacionales derivadas del Convenio 169 de la OIT. No obstante, instamos a las autoridades cumplir con las disposiciones legales vigentes y poner fin a la mora constitucional.
13.- El Foro Por la Vida insta a las autoridades venezolanas el cese de las descalificaciones contra los defensores y defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios, las cuales en el contexto de inseguridad presente en las zonas fronterizas constituyen factores graves que pueden peligrar la integridad física de las personas así como dificultan su labor de lucha a favor del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas contemplados en la Constitución.
A los 23 días del mes de Julio 2008
1. Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Andrés Bello
2. Vicaria Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
3. Espacio Publico
4. Cáritas de Venezuela
5. Caritas Los Teques
6. Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (Cofavic)
7. Acción ciudadana contra el Sida (Accsi)
8. Servicio de Jesuita para los Refugiados
9. Programa Venezolano en Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea)
10. Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
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