Trabajadores (as) del Hospital Algodonal denuncian su preocupación por el silencio institucional, ante la sospechas de casos de la Gripe AH1N1

EL Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) se hace eco de la siguiente denuncia, en la cual se hace un llamado a las autoridades del Complejo hospitalario de El Algodonal y al Ministerio de Salud sobre la situación que se viene sufriendo en las últimas semanas. A continuación presentamos el texto completo suscrito por Colectivo Socialismo Revolucionario del centro hospitaliario


Desde el pasado miércoles se vienen registrando una serie de casos de contagio de la Gripe AH1N1 “porcina”, entre ellos, el de una mujer embarazada, que luego de dar a luz falleció. Igualmente se presume que (7) siete médicos y alrededor de unos 4 trabajadores (as) están de reposo por posible contagio.

Esta información aun no ha sido confirmada por las autoridades del hospital; y fueron denunciadas ante el comité seccional del Sindicato SirtraSalud del Hospital.

Al parecer es noticia pública entre los trabajadores (as), que existe dentro de las instalaciones hospitalarias pacientes en tratamiento por la enfermedad.

Hay Incertidumbre y Alarma Entre Los Trabajadores (as).

Hasta la presente fecha no ha habido ninguna información oficial al respecto sobre los casos de posibles contagios con la enfermedad. El sindicato emitió un oficio el día de hoy ante las autoridades del hospital para que confirmara o desmintiera la información.

La cuestión es que el hospital se encuentra desde hace 2 años en un largo proceso de remodelación, que hasta ahora lo que ha traído es la profundización de los problemas que ya aquejaban a este importante Complejo Hospitalario. El Algodonal esta hoy en un capacidad operativa no mayor del 50%, y es evidente que su infraestructura esta mermada por lo largo y lentos trabajos de remodelación.

Al mismo tiempo el personal que labora en el hospital debe trabajar bajo las más insalubres condiciones de salud y riesgos de higiene y seguridad laboral. Toda esta situación ha sido denunciada por el sindicato y el colectivo de trabajadores organizados del hospital en diferentes oportunidades sin que se haya dado respuesta contundente.

Al parecer las autoridades de salud han desconocido o hacer caso omiso a la situación del Algodonal; que ahora con esta supuesta situación de posibles casos de contagio por parte de algunos trabajadores (as) con la Gripe AH1N1 “porcina”, convierte al Algodonal en una Bomba de tiempo epidemiológica.

Desde el Colectivo Socialismo Revolucionario, hacemos el llamado urgente a las autoridades del hospital y del Ministerio de Salud, a fin de que confirmen o desmientan dichas denuncias y hagan un comunicado al respecto.

De ser cierta, la información hecha por trabajadores (as) del hospital, solicitamos se llame a una Asamblea General de Trabajadores y Comunidades Organizadas del Complejo Hospitalario y se tomen los planes y medidas de prevención y control necesarios.

La información veraz y oportuna es la mejor arma en la prevención y de evitar posibles conflictos.

Prensa del CSR, 31 de agosto de 2009.

Contactos:
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Telef.: 0416-413-13-76, 0416-426-06-53

Concentración frente el Centro de Inmunología Clínico de San Bernardino

Para leer el artículo visite www.derechos.org.ve/detalle.php?id=882

Marcha contra la Homofobia y Transfobia

Señores y señoras el día 13 se realizará una marcha de reproche a la homofobia y transfobia presentada en los últimos meses en diversos entes públicos como privados a nivel nacional. Esta marcha no es un "orgullo", es una marcha en dónde los hombres y las mujeres homosexuales, bisexuales, transexuales e intersexuales exigiremos derechos, acompañados de nuestros amigos, amigas, familiares y allegados heterosexuales. Se entregarán documentos en la Fiscalia General de la República, En el Ministerio de Comunicación en Información y por último en la Asamblea Nacional con una concentración. Los documentos especifican la igualdad en derechos ecónomicos, sociales y culturales del matrimonio a las parejas del mismo sexo, y el cambio de nombre para los hombres y mujeres transexuales. Es hora señores que la ciudadanía avoque por estos derechos, Venezuela puede ser otra, un pais se construye es que la fuerza de voluntad de los ciudadanos y ciudadanas. Muchos y muchas afirmamos que en otros paises el tema de la homosexualidad femenina y masculina es aceptada y allá todo es distinto. ¿Por qué? Por que los ciudadanos y ciudadas homosexuales de dichos paises hacen activismo, luchan por sus metas, en Venezuela, los y las homosexuales (no todos) estamos acostumbrados a pasar ratos excelentes en una discoteca, a divertirnos y dejamos por un lado el defender realmente los que nos pertenece, y esto no debe ser así. Comencemos la ciudadania activa de hombres y mujeres homosexuales y transexuales en el pais. Marcha 13 de Agosto del 2009 11:00 a.m

Provea y otras organizaciones de derechos humanos demandan a la Asamblea Nacional por omisión legislativa

El Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Acción Solidaria (ACSOL), Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI), Fundación Reflejos de Venezuela y CONVITE, atendiendo lo estipulado en los artículos 83, 84, 85, 86, 111 y 122 de la Constituciónla República Bolivariana de Venezuela (CRBV), demandan a la Asamblea Nacional, ante el Tribunal Supremo de Justicia, por omisión legislativa derivada del retardo en la promulgación de la Ley Orgánica de Salud. de

En 1999, cuando la CRBV fue aprobada, se estableció un lapso de dos años para la discusión y promulgación de una Ley Orgánica de Salud; sin embargo, hasta la fecha tal disposición no ha sido respetada por la Asamblea Nacional, lo que atenta contra la garantía que debe ofrecer el Estado para la protección y el disfrute pleno del Derecho a la Salud y representa una violación flagrante a lo estipulado en la Carta Magna.

En vista del retraso por parte del máximo ente legislativo en cuanto a la promulgación de una Ley Orgánica de Salud, y frente a la situación que se genera de este vacío legal en nuestro país: descoordinación entre los diferentes entes gubernamentales responsables en el tema de salud, escasez de personal, falta de dotación de los centros hospitalarios, inseguridad, deterioro de la infraestructura, contaminación, entre otros; las organizaciones de derechos humanos solicitamos la intervención del máximo tribunal del país para exigir a la Asamblea Nacional:

Fijar, en un lapso no mayor a tres meses, la promulgación de una Ley Orgánica de Salud apegada a los preceptos de la CRBV, adaptadas a las necesidades de los/as usuarios/as del servicio de salud y del colectivo en general, y a la realidad existente en el sector.

Por otra parte, que el Consejo Moral Republicano establezca si la omisión legislativa de la AN ha afectado la garantía del derecho a la salud y si ha generado responsabilidades administrativa, civil, penal o disciplinaria.

Es necesario recordar que dicha omisión legislativa genera responsabilidad administrativa en los diputados y diputadas de conformidad con el artículo 139 de la Constitución; y por tanto, deben tomarse las medidas correctivas pertinentes al caso, no sólo para la inclusión de la discusión en la agenda legislativa a la brevedad posible, sino establecer las sanciones correspondientes a los/as responsables por tal retardo.

Para mayor información llamar a los teléfonos 860.66.69/862.10.11/862.53.33

Ecoclub23 invitan a la Feria Ecológica

Inflación en Venezuela

PROVEA: Exhorta a la Asamblea Nacional a promulgar Ley de Salud

PROVEA: Exhorta a la Asamblea Nacional
a promulgar Ley de Salud

El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (PROVEA), organización no gubernamental que trabaja en la promoción y defensa de los derechos humanos desde 1988, manifiesta su preocupación por el incumplimiento de la Asamblea Nacional de su obligación de legislar en materia de salud y por las condiciones actuales de la prestación del servicio de salud en el país, que en gran medida ocurre por la falta de un marco legal que desarrolle las pautas establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La Asamblea Nacional desatiende su actividad legislativa frente a la garantía del derecho a la salud sin calcular las consecuencias y su responsabilidad ante el país. No se justifica que a 10 años de vigencia de la Constitución no se cuente con una ley rectora que defina la actividad y alcance de los postulados de la Carta Magna y precise el Sistema Público Nacional de Salud. El retardo legislativo viola lo establecido por la Constitución, en la Disposición Transitoria Sexta, que concedió un lapso de dos (2) años, a partir de la vigencia de la propia Constitución, para que la Asamblea Nacional legislara sobre todas las materias relacionadas con ésta. Dicha omisión legislativa genera responsabilidad administrativa en los diputados y diputadas de conformidad con el artículo 139 de la Constitución. Provea, a través del monitoreo y seguimiento que realiza sobre el derecho a la salud constata la grave situación, tanto del personal que trabaja en el área de la salud como de sus usuarias y usuarios en los centros de salud desprovistos de los servicios y del personal necesario para atender la demanda de la población. Valoramos y reconocemos los esfuerzos de las autoridades para implementar medidas y planes con aspiraciones de garantizar éste derecho, sin embargo la realidad nos indica que son insuficientes para atender las necesidades que requiere el país. Ante tales circunstancias: Exhortamos a la Asamblea Nacional para que de prioridad en su agenda legislativa al debate sobre la Ley Orgánica de Salud de tal manera que en un lapso perentorio se supere el vacío legal y desarrollar, según los postulados Constitucionales y conforme a lo consagrado en Pactos, Convenios y Tratados Internacionales, una normativa dirigida a garantizar a cabalidad el derecho humano a la salud. Exigimos al Poder Ejecutivo, que por intermedio de sus instituciones a nivel local, regional y Nacional, implemente con carácter de urgencia acciones que garanticen el derecho humano a la salud a todas y todos los habitantes del país. Para ello resulta necesario la coordinación entre las autoridades, municipales, regionales y Nacionales para implementar políticas públicas adecuadas. Exigimos a todas las autoridades de país que, de conformidad con lo consagrado en los artículos 83, 84 y 85 de la Constitución de la Republica Bolivariana de Venezuela, se garantice la participación de sindicatos, gremios, asociaciones de médicos, comités de usuarios, consejos comunales y a las sociedad civil organizada en la planificación, gestión y desarrollo de políticas públicas para asegurar una contraloría social que garantice transparencia en los presupuestos y ejecución de obras, así como en los pagos de bienes y servicios. Urgimos a todas las autoridades respetar los derechos de trabajadoras y trabajadores del sector salud, así como la autonomía y libertad sindical y la suscripción de las contrataciones colectivas pendientes para garantizar y mejorar las condiciones y beneficios laborales de todo el personal de salud, entiéndase obrero, enfermero y médico. Finalmente, hacemos una convocatoria al pueblo de Venezuela para que exija, se organizarse y participe en la construcción de un sistema público nacional de salud que satisfaga el derecho humano a la salud.

Caracas, 09.07.09

Seminario: los trabajadores y trabajadoras frente ante la crisis económica mundial

Amnistía Internacional: la consigna es derretir la violencia

En el marco de la Semana Mundial de Acción Contra las Armas, Amnistía Internacional coordina una acción Latinoamericana contra la violencia armada en la que participarán 14 países y se replicará en 9 ciudades de Venezuela.

Descripción de la actividad:

• ENCENDIDO DE VELAS; Se encenderán cientos de velas en forma de armas en símbolo de derretir la violencia.
• POSTER Creación de pancarta con el mensaje "RESPETEMOS LA VIDA"
• ENVÍA UNA CARTA a las autoridades venezolanas para la creación de políticas públicas, cifras oficiales y firma del Tratado Internacional de Control del Comercio de Armas.

Por medio de la presente les invitamos a participar de esta acción así como también les pedimos su colaboración en la convocatoria de su público y amigos.

El Comité de Observadores del Servicio de Salud (COSS) convoca a una concetración para exigir el cumplimiento del artículo 281 de la Constitución

Instan a la Defensora Pública a velar por el cabal cumplimiento de las atribuciones establecidas en el artículo 281 de la Constitución de la República de Venezuela.

PERSONAS AFECTADAS Y SUS FAMILIARES CONVOCAN CONCENTRACIÓN PARA EXIGIR A LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO VELAR POR EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD

El Comité de Observadores del Servicio de Salud (COSS), preocupados por el funcionamiento del servicio de salud exigen el respeto a las garantías Constitucionales y convocan a una concentración el día miércoles 11.03.2009, a las 10:00 AM., frente a la sede principal de la Defensoría del Pueblo

Un llamado a las autoridades de la Defensoría del Pueblo para que en el ejercicio de sus atribuciones Constitucionales se respete el correcto funcionamiento del servicio de salud, se inste al Ministerio Público a que intente las acciones legales contra funcionarios o funcionarias por la violación o menos cabo del derecho a la salud, inspeccionar las instalaciones de salud y formular las correcciones pertinentes para garantizar el respeto del derecho a la salud y presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley de salud , formula el COSS.

El COSS, viene trabajando, en el desempeño del ejercicio de la contraloría social, desde el año 2007, en virtud de múltiples denuncias por presuntas irregularidades presentadas en la prestación del servicio de salud, tanto público como privado. Voceros/as de esta organización reflexionan frente a las múltiples denuncias y manifestaciones realizadas en los últimos meses por las condiciones del servicio de salud, principalmente la falta de personal, insumos, infraestructura, atención médica y equipos que no son suficientes para atender la demanda.

Pese a las comunicaciones y peticiones dirigidas a distintos organismos e instancias del Estado (Ministerio Público, Ministerio de Salud, Alcaldía Mayor, Asamblea Nacional, Maternidad Concepción Palacios), para buscar soluciones frente al funcionamiento del servicio de salud con el objeto de establecer una agenda que construya los caminos para incrementar la mejora de los servicios con la participación de las comunidad y en ejercicio de la contraloría social solicitan la inmediata intervención de la defensoría del pueblo para abordar los problemas estructurales dentro del sistema hospitalario que aun persisten.

Es por ello, que han decidido realizar una concentración para exigir a la Defensoría Pública, que en atención a lo establecido en el artículo 281 de la Constitución Bolivariana:
• Se garantice el efectivo respeto y de los derechos humanos establecido en la Constitución.
• Velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos, especialmente el de salud.
• Velar por el respeto del debido proceso y demás garantías Constitucionales.
• Instar a la Fiscal General que intente la acciones o recursos a que hubiere lugar contra los funcionarios públicos responsables de la violación o menoscabo de los derechos humanos; y solicitar los correctivos que fueren necesarios
• Presentar ante la Asamblea Nacional proyecto de Ley de Salud para que de forma progresiva se garantice éste derecho humano.
• Vigilar e inspeccionar permanentemente los centros de salud, tanto públicos como privados para garantizar el efectivo cumplimiento de los contenidos del derecho según lo establecido en la Constitución Nacional.
• Formular las correcciones que sean necesarias para garantizar a plenitud el respeto al derecho a la salud.

Hacen un llamado a la colectividad para que asista a una concentración pacifica, en la Sede Principal de la Defensoría del Pueblo, el día miércoles 11.03.09, a las 10:00 AM., ubicado en la Av. Urdaneta, Edif. Centro Financiero Latino, Esq. de Animas a Plaza España, para exigir la garantía del derecho a la justicia y el respeto al derecho a la salud consagrados en los artículos 26 y 83, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz se manifiesta en contra de todas las formas de violencia contra las mujeres

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz se presentó en la Fiscalía General de la República en horas de la mañana del 06.03.09 con la finalidad manifestarse en contra de todas las formas de violencia contra la mujer con motivo de la celebración, el próximo 8 de marzo, del día mundial de la mujer.

La ONG presentó ante la vice fiscal, Dra. Iraida Pastora Alfonzo Durand, una serie de peticiones para garantizar una respuesta apropiada por parte del Ministerio Público ante las agresiones de cualquier índole en contra de la mujer. Una de las preocupaciones de la organización de derechos humanos es la culpabilización la mujeres denunciantes, una cifra que sólo alcanza el 10 %, o como son ignoradas por parte de los encargados de atender a la víctima.

En este sentido, la primera solicitud de la red es: "Adelantar procesos de formación con los funcionarios y funcionarias bajo su dirección y supervisión para sensibilizarlas en perspectiva de género, en consonancia con la visión de los derechos humanos que se consagra en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela".

Asimismo, se pide combatir la impunidad en los casos de violencia de género, garantizar el cumplimiento de oportunas medidas cautelares para las mujeres, contar con personal especialista en la perspectiva de género y diseñar y difundir campañas de información sobre la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia dentro del Ministerio Público.

Ellas tienen la palabra

En palabras de la vocera de la Red de Apoyo, Mary Luz Guillén, el objetivo de la actividad en el marco del Día Mundial de la Mujer es: "Reivindicar los derechos de las mujeres en el Ministerio Público, por que tienen muchas competencias en el cumplimiento de la ley y por el Derecho de las Mujeres una Vida Libre de Violencia. Nos recibió la vice fiscal y le planteamos nuestras peticiones, que son fundamentalmente que la Fiscalía profundice las medidas que ha venido tomando en relación con los derechos de la mujer, además, y por lo visto en los talleres de formación con funcionarios policiales vemos que le hacen falta herramientas para tratar con casos de violencia de género. En la conversación con la vice fiscal le planteamos la necesidad de hacer un mayor esfuerzo en la parte formativa".

Para Noris Correa encargada del área de Educación de la Red de Apoyo mencionó que el objetivo de la actividad es lograr que el personal de la fiscalía entienda que existen otras formas de violencia contra la mujer y no solo la intra familiar, puntualizando: "Cuando se denuncia el acoso por parte del jefe, se toma a vacilón diciendo "y qué, prefieres quedarte sin trabajo" y ese tipo de denuncia no la están recibiendo".

Por otra parte, una participante de la actividad resaltaba la importancia en la educación como vehículo para evitar la violencia contra la mujer y agregó: "Debemos lograr cambiar esa mentalidad masculina que pretende solucionar los conflictos a través de la violencia y que las mujeres asuman una conciencia de género, por que nacer mujer no significa tenerla, en la cual no existan roles definidos, ni nada natural, en la cual podemos cambiar esos patrones".

Trabajadores de la salud se movilizan por reivindicaciones

Según fue reflejado en los medios de comunicación el pasado 27 de febrero los trabajadores de los hospitales del Área Metropolitana, que fueron transferidos al Ministerio de Salud y Protección Social, cobraron su primera quincena del año 2009. Pasaron todo el mes de enero y febrero sin percibir su sueldo; al hacerlo, muchos recibieron su pago incompleto. Ese hecho, además de otras deudas que reclaman desde el año pasado, los motivó a salir a la calle a protestar por el pago correcto de sus salarios y varias reivindicaciones.

Beatriz Duque, delegada sindical de la Maternidad Concepción Palacios, señaló que más de 22 mil trabajadores de los hospitales están afectados por esa situación. "¿Cómo es posible que nos estén pagando 150 bolívares fuertes quincenal, que no alcanzan ni para el mercado?", expresó. Un grupo se concentró desde las 9:00 am frente al Ministerio de Salud y Protección Social, mientras otro se reunió frente a la Maternidad, en San Martín, y marchó hasta el Ministerio. Luego se movilizaron a la plaza Caracas a esperar a que una comisión fuese atendida por autoridades del despacho. Personal de El Algodonal, Maternidad Concepción Palacios, J. M. de los Ríos, Vargas, Magallanes de Catia y otros hospitales protagonizaron la manifestación. La Policía Metropolitana (PM) se presentó en el lugar e impidió que llegaran a las puertas de Min-Salud. (Ultimas Noticias, 06.03.09, pág. 4)

Sindicatos de trabajadores protestan en contra de la impunidad

Las organizaciones sindicales Unión de Trabajadores de Aragua (UNT-Aragua) y el sindicato de la Mitsubishi (Anzoateguí) se presentaron el 05.03.09 ante representantes de la Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de República y la Asamblea Nacional para consignar un documento exigiendo el esclarecimiento de los asesinatos de representantes de las organizaciones obreras.

La UNT-Aragua reclama el esclarecimineto de las muertes de los líderes sindicales Richard GALLARDO, Luis HERNÁNDEZ y Carlos REQUENA hecho acaecido el 29 de noviembre de 2008. Los representates obreros fueron asesinados en horas de la noche a la salida de un reunión en la zona industrial de Cagua.

Por su parte, el gremio sindical de la empresa automotriz exige que se haga justicia en torno a los asesinatos de Javier MARCANO y Pedro SUAREZ los cuales fueron perpretados durante una protesta por incumplimientos laborales por parte de la transnacional japonesa, el pasado 29 de enero. Aparte, de esas acusaciones el sindicato de la Mitsubishi denuncian el acoso que vienen sufriendo por parte de la Polícia de Anzoateguí.

Según un comunicado difundido por los trabajadores de la mencionada empresa el 12 de febrero tres de sus miembros sufrieron un atentado mientras se encontraban repartiendo material sobre los hechos ocurridos en enero y donde murieron Marcano y Suarez. Además, agregan que el 16 de febrero se presentaron dos patrullas de la el Grupo de Reacción Inmediata (GRIP) de la policia estadal en las adyaciencias de la empresa alumbrando al interior de las instalaciones donde se encontraban los trabajadores.

La representantes sindicales hacen un llamadado a las autoridades competentes para que se cumplan la ley de manera eficiente, efectiva y eficaz para que los responsables, tanto materiales como intelectuales, no queden en libertad y se evite que sigan repetiendo estos hechos de violencia en contra del movimiento obrero.

Video de los hechos ocurridos en la planta de la Mitsubishi

Provea exhorta al presidente Chávez a asegurar institucionalidad en el sector vivienda

Tras el anuncio realizado por Ejecutivo Nacional, acerca de la integración de las carteras de vivienda e infraestructura, así como de la sustitución de Farruco Sesto por Diosdado Cabello, en el marco de la reorganización del gabinete ministerial, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), expresa su preocupación debido a la profundización de la fragilidad institucional en las políticas relacionadas al disfrute del derecho a la vivienda por parte de venezolanos y venezolanas.

En su momento Provea reconoció como positiva la promulgación de leyes y otros marcos normativos, adecuados a los parámetros internacionales, para construir el andamiaje jurídico que permitiera asegurar el derecho a la vivienda. Entre estas medidas se encontró la creación de un órgano con rango ministerial, en el año 2005, que regulara y coordinara las diferentes políticas públicas en el sector. Sin embargo, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (MINVIH) vio limitada sus funciones debido a la alta rotación de sus cargos directivos, alcanzando en 2008 la cifra de 4 ministros diferentes. Esta discontinuidad atentó contra el alcance de las propias metas de construcción de unidades habitacionales establecidas por el ente y generó desasosiego en las miles de familias venezolanas que realizaban gestiones para disfrutar de un techo digno y propio. Por este motivo Provea introdujo un recurso de abstención o carencia, en el Tribunal Supremo de Justicia, para que el primer mandatario argumentara las razones de la permanente remoción de sus ministros. Nuestra organización no recibió respuesta.

Provea advierte a los voceros del alto gobierno acerca de las consecuencias de trastornar los avances institucionales alcanzados con la creación de un órgano de carácter ministerial para vivienda y hábitat. Con ello se contraviene y vulnera tanto el Principio de Funcionamiento Planificado y Control de la Gestión y de los Resultados como el Principio de Eficacia en el Cumplimiento de objetivos y metas fijados, establecidos en los artículos 18 y 19 respectivamente de la Ley Orgánica de la Administración Pública. De esta manera se afecta a sus principales beneficiarios: las familias de bajos recursos del país, quienes nuevamente zozobran en el desconcierto al ignorar si sus gestiones ante el antiguo ministerio tendrán validez y continuidad en la nueva administración. Por otra parte, la complejidad y tamaño del nuevo Ministerio de Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda puede contribuir a reiterar el fracaso de las políticas en el sector y en un nuevo incumplimiento de sus propias metas de construcción anual de viviendas. Como Provea registró en su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos para el período octubre 2007 – septiembre 2008, el promedio de construcción anual de casas en los primeros 9 años de gestión del presidente Chávez se ubicaba en 26.000 unidades, una cifra sustancialmente menor al de la década anterior, cuando dicha cifra se ubicó en 64.000 unidades al año.

De continuar la improvisación en el área será muy difícil superar el grave déficit de vivienda en el país estimado 3 millones de viviendas, incluyendo las casas situadas en zonas de alto riesgo. Sin una institucionalidad consolidada; sin metas a corto, mediano plazo; sin la participación de los diferentes actores (públicos, privados y sociales) y sin reglas de juego claras, el Estado venezolana permanecerá en mora con las familias sin techo propio y digno del país. (Prensa Provea, 05.05.08)

Gobierno nacional anuncia cambios en el gabinete ministerial

Jesse Chacón, titular del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información (Minci), anunció en rueda de prensa los cambios estructurales que ordenó el presidente de la república, Hugo Chávez Frías, en consejo de ministros. Los cambios anunciados desde el palacio de Miraflores son:

Ramón Carrizales Reginfo fue nombrado ministro encargado del Poder Popular para la Defensa y ratificado en la vicepresidencia de la república.

Los ministerios del Poder Popular para el Habitat y Vivienda, Participación y Protección Social fueron eliminados. Las responsabiliades del primero pasaron a cargo del antiguo ministerio de Infraestructura, el cual se denominará de ahora en adelante ministerio para el Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda y estará a cargo de Diosdado Cabello.

Las funciones del segundo ministerio suprimido corresponderán al Ministerio de Salud y se nombrará desde ahora como Ministerio del Poder Popular para la Salud y Protección Social, siendo ratificado en el cargo Jesús Millán.

Erika Farías será la titular de Ministerio del Poder Popular para las Comunas, que es el nuevo nombre del Ministerio de la Economía Comunal.

El ministerio de Ciencia y Tecnología pasó a llamarse Ministerio del Poder Popular para las Ciencias, Tecnologías e Industrias Intermedias y a cargo del ese despacho seguirá Nuris Orihuela asumiendo de esta forma parte de las responsabilidades que tenía el ministerio de Industrias Ligeras, que ahora se denominará Ministerio del Poder Popular para el Comercio con Eduardo Samán como titular.

María Cristina Iglesia sustituye a Roberto Hernández en la cartera de Trabajo y Pedro Morejón se encargará del ministerio de Turismo, saliendo de dicho ministerio Olga Titina Azuaje.

Los ministerios que no fueron nombrados durante el acto en el palacio presidencial mantendrán el mismo funcionamiento.

Para esta nota se utilizó información de la Agencia Bolivariana de Noticias

Leer el comunicado presidencial, haz clic aquí

Red de Apoyo convoca a una manifestación por el rechazo a la violencia contra la mujer

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, con el apoyo de otros colectivos, organizaciones de mujeres y personas solidarias con las luchas por el reconocimiento y garantía de los derechos de las mujeres, se darán cita el día 6 de marzo de 2009, en frente a la Fiscalía General de la República, con el propósito de manifestarse en contra de todas las formas de violencia que se ejercen contra la mujer, pero muy especialmente, en contra de la violencia institucional que sufren muchas mujeres cuando toman la decisión de denunciar otras formas de violencia.

Viernes: 6 Marzo 2009

Hora: de 10:00 am a 1:00 pm

Lugar: Frente a la Fiscalía General de la República del Ministerio Público, Av. Universidad, Parque Carabobo, Caracas.

CONTAMOS CON EL APOYO DE TODOS Y TODAS

Acerca de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz:

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve y defiende los derechos humanos en Venezuela desde 1985. Con una perspectiva Inter. y multidisciplinaria, la Red de Apoyo: 1. Denuncia jurídica y comunitariamente los casos de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personal e inviolabilidad del hogar. 2. Atiende médica, psicológica y sociopedagógicamente a las víctimas de tortura y a familiares de víctimas de abusos policiales o militares. 3. Promueve políticas públicas en materia de derechos humanos. 4. Realiza actividades de promoción y difusión, y general procesos de educación en derechos humanos.

Telefax: 574 19 49 / 574 80 05

programadifusion@redapoyo.org.ve

secretaria@redapoyo.org.ve

www.redapoyo.org.ve

Parque Central, Edificio Caroata, Nivel de oficina 2, oficina 220

Foro por la Vida acompaña a familiares del Caracazo en su lucha por justicia

A 20 años del 27-F
Foro por la Vida acompaña a familiares del Caracazo en su lucha por justicia

Caracas, 27 de febrero de 2009. El Foro por la Vida, coalición de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, expresa su apoyo a los familiares de las víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y primeros días de marzo de 1989, conocidos como El Caracazo, en sus aspiraciones de justicia luego de 20 años de total impunidad.

Luego de las protestas y situaciones de violencia que se generaron como consecuencia de medidas económicas tomadas durante los primeros días del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, en los hechos conocidos como El Caracazo, resultaron afectadas un número todavía indeterminado de personas, que en su mayoría fueron asesinadas, lesionadas o desaparecidas por funcionarios de la Policía Metropolitana y el Ejército e inhumadas en fosas clandestinas por las autoridades de la época.

Ante la falta de justicia en instancias internas las familiares de las víctimas y los sobrevivientes, integrados en el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1995. Después de que el Estado venezolano asumió su responsabilidad acerca de los hechos ocurridos la Corte Interamericana, sentencio reparaciones en el año 2002, dejando establecido que el Estado debe investigar, identificar y procesar a las personas responsables de los hechos; localizar, identificar y entregar a sus familiares los restos de las víctimas, además de tomar medidas necesarias para la no repetición de los hechos, entre éstas formación y capacitación en temas de derechos humanos para miembros de cuerpos armados y de seguridad; así como el ajuste de planes en el control del orden público, con énfasis en el respeto a la vida e integridad personal.

Como lo ha denunciado (el movimiento de ddhh) en reiteradas ocasiones, el Estado no ha cumplido integralmente sus obligaciones y la totalidad de los casos permanecen hoy en la más absoluta impunidad. Las organizaciones agrupadas en el Foro por la Vida, en esta fecha emblemática para el nacimiento y el impulso del movimiento de derechos humanos en el país, considera impostergable el cumplimiento de la sentencia relacionada con los hechos de El Caracazo, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aun cuando el Estado venezolano honró sus compromisos con relación al pago de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas, así como con la publicación de los puntos resolutivos de la sentencia; no ha cumplido con la reparación integral a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad. }



El Foro por la Vida exhorta al Estado:
1.- A que dedique voluntad y recursos a la investigación de los hechos,
2.- La identificación y sanción de los responsables para que sean puesto a la orden de la justicia venezolana y
3.- Identificación de los cadáveres que se encuentran en los nichos de La Peste en el Cementerio General del Sur.
4.- Por último, rechazamos el sesgo publicitario transmitido por la Defensoría del Pueblo en estos días por medios televisivos, en torno a los sucesos del Caracazo y exhortamos a dicha institución a convocar una reunión con víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas, a fin de explicar las gestiones realizadas por la misma durante estos últimos 10 años para evitar la impunidad de estos hechos.

Suscriben

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI),
Caritas de Venezuela,
Caritas Los Teques,
Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV,
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello,
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE),
Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC),
Espacio Público,
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui,
Observatorio Venezolano de Prisiones,
Programa Venezolano de Educación,
Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis Caracas.
Servicio de Jesuita a Refugiados

180 cupos de residentes vacíos

180 cupos de residentes vacíos
Hospitales como el Universitario, Pérez Carreño y Magallanes sufren el déficit

La situación es crítica. José Ramón García, director saliente de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UCV, no tiene otro adjetivo para la circunstancia que viven actualmente. Y es que de acuerdo con las cifras generadas por este departamento, el número de médicos inscritos en 2008 para postular por uno de los 137 programas de especializaciones tuvo una disminución de 52% con respecto a la convocatoria realizada en el año 2002. Frente a este panorama, por primera vez en 68 años la Comisión de Postgrados se vio obligada a realizar tres convocatorias para llenar los cupos que quedaron vacíos en especialidades como Medicina Interna y Crítica, Nefrología, Pediatría y Neonatología, siendo éstas las más afectadas por el déficit de postulantes. Pero a pesar del tercer intento, quedaron 180 puestos vacíos en las residencias de los hospitales capitalinos de los 768 cupos ofrecidos, cifra que preocupa a las autoridades y que puede aumentar, pues muchos han presentado su renuncia. A juicio de García, la disminución de postulantes afecta la calidad del concurso y obliga a que 70% de los cupos de postgrados se entreguen por asignación y no por el resultado de un proceso de selección. Según los números que maneja la Universidad Central, la matrícula en los estudios de pregrado en los últimos años se ha mantenido y en promedio se gradúan cada año 1.500 médicos cirujanos en todo el país (300 en las escuelas Razetti y Vargas). Es por esta razón que las autoridades se dedicaron a buscar las razones por las que la cifra de postulados a residencias sigue apuntando hacia la baja. El informe especial presentado por la Comisión de Postgrado al Consejo de Facultad señala que las deficiencias en la infraestructura y la falta de insumos de los hospitales influyen en la disminución, así como también el bajo salario que reciben, el cual se calcula en 1.200 bolívares fuertes mensuales, siendo que 64% de los residentes proviene del interior del país y debe pagar por su estancia en Caracas. Igualmente, el éxodo de galenos al exterior agrava la crisis. Se estima que 20% de los recién graduados aplican para programas de postgrado fuera del país. De acuerdo con Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, España se ha convertido en uno de los destinos más buscados por los médicos para hacer especializaciones. "En España hay más facilidades para homologar los títulos, el idioma ya lo manejan y los sueldos se ubican entre 4.000 y 6.000 euros", explica Natera, quien agrega que Australia, Canadá, Portugal, Estados Unidos y Chile le siguen en la lista de los países más buscados. Y en la práctica, son los pacientes los que más sufren. Según explica Huníades Urbina, jefe de Emergencia del Hospital JM de los Ríos, al faltar residentes la rotación en los servicios no se hace completa y se recarga al galeno de ocupaciones y disminuye la capacidad de atención de los casos. "Si hay menos residentes y cada vez hay más pacientes, a cada uno de ellos se les dedica menos tiempo", dice. Entre los centros de salud más afectados por la ausencia de residentes destacan hospitales que son referencia y que suelen atender un importante flujo de pacientes. El hospital José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia afronta este año un serio déficit en el área de Medicina Interna y Pediatría. Para cada una de las especialidades se requería 18 residentes y sólo se postularon dos. Igualmente, hospitales reconocidos por sus servicios en terapia intensiva como el Universitario y el Pérez Carreño también se enfrentan a la escasez de personal.

Fuente: http://www.eluniversal.com/

Desempleados reclaman puestos de trabajo en Piar

Más de 300 hombres y mujeres sin empleo en el municipio Piar salieron este miércoles a las calles, con el fin de realizar una caminata hasta la Alcaldía y exigirle al burgomaestre, Gustavo Muñiz, que cumpla su promesa de ubicarlos en la reactivación de obras de la ciudad. Luis Muñoz, vocero de los manifestantes, aseguró que de no recibir respuesta urgente seguirán organizando manifestaciones para lograr tener un trabajo digno.

Upata.- Un grupo de desempleados del municipio Piar realizó una caminata desde la Plaza Aniversario de la capital de Piar hasta el Ayuntamiento, este miércoles, con el fin de denunciar los supuestos engaños de los que han sido objeto por parte del alcalde Gustavo Muñiz.
Más de 300 hombres y mujeres tomaron las principales calles del centro de la ciudad, con el objetivo de exigir al administrador local que cumpla su palabra que en materia laboral había prometido en los primeros días de su gobierno.
Luis Muñoz, dirigente sindical de los desempleados de la construcción, manifestó que funcionarios de la Fundación Yocoima, empresa municipal, están desmejorando los beneficios contractuales de los trabajadores, al realizar obras que competen a los desempleados del municipio.
"Estamos pidiendo al alcalde Gustavo Muñiz que nos atienda, que nos permita un espacio para abrir el diálogo y encontrar solución a nuestra situación", añadió.
Derechos violados El dirigente sindical sostiene que están tomando las vías ante "la constante violación" de sus derechos como trabajadores y no han sido tomados en cuenta por la actual administración.
"El director general de la Alcaldía de Piar manifestó que las obras inconclusas la construirá con la empresa municipal, dejando por fuera a gran número de desempleados, al no darnos oportunidad de trabajar con ellos", aportó.
La masa de desempleados manifestó que entregarían un escrito a la Alcaldía de Piar, donde piden trabajar en la culminación de varias obras paralizadas en la ciudad.
Varios consejos comunales se sumaron a la caminata pacífica de los padres de familia, entre ellos, representación de las parroquias y sectores rurales como El Retumbo.
También resaltaron la situación del proyecto Presa Derecha, donde el 84% de los empleos deberían pertenecer al municipio, pero "a la fecha no han obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la empresa".
Trabajadores reprimidos
José Grillet, vocero de los obreros, denunció que las autoridades policiales de Piar reprimen a los trabajadores "violentando su derecho de exigir un empleo digno. El comisario de la Policía nos persigue a nosotros los líderes sindicales como si fuéramos delincuentes".
Grillet dijo que si no hay respuesta por parte de las autoridades locales en los próximos días, estarán sumándose nuevas voluntades a sus peticiones, realizando manifestaciones de calle como medida de protesta ante la situación de desempleo que se vive en Upata.

Fuente: http://www.correodelcaroni.com/content/view/119977/1/

Continúa paro en Masisa

El conflicto en Masisa por el supuesto incumplimiento de la mejora en los beneficios establecidos en la cláusula 35 y 36 del contrato colectivo, relacionado con bono de producción y por asistencia, se extiende en vista de que la empresa no ha dado respuesta alguna a los trabajadores.
Santiago Mollegón, secretario general del Sindicato de Nacional Único de Trabajadores Profesionales de Maquinaría Pesadas y Conexos (Sompea), manifestó este miércoles que el turno de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y el de 3:00 a 11:00 de la noche permanecían en sus puestos de trabajo pero sin laborar, esto es espera de una respuesta de la compañía que se encarga de procesar madera de pino Caribe.
"Hoy -miércoles- vino un tribunal a hacer una inspección, pero la empresa no envió a su personal de nómina mensual. No sabemos por qué, pero nuestra gente estaba en sus puestos de trabajo. La empresa está pidiendo la suspensión del paro, pero tenemos que vayamos a perder el brinco, así que necesitamos algo en concreto, una respuesta a nuestras peticiones", precisó.
Dijo el secretario general que de no haber una señal de parte de Masisa, más tardar en la noche de este miércoles, la respuesta será para el jueves, eso si tienen suerte, porque la empresa les pidió cesar la protesta para sentarse el venidero martes.
"No hay nada concreto, ellos nos dicen que para el martes, pero y si no es así. Necesitamos una salida, sino seguiremos aquí. Esta noche devolveremos al turno de 11:00 a 7:00 de la mañana, que son poquitos. La empresa nos dice que por lo menos permitamos el despacho de material ya listo, pero si cedemos ahora podemos perder, vamos a seguir hasta que tengamos lo que queremos".

Fuente: http://www.correodelcaroni.com/content/view/119951/149

Otro crimen sindical en Bolívar

Un obrero del tercer puente sobre el Orinoco y ex integrante de un sindicato de la construcción murió este sábado, luego de que tirotearan el carro donde iba en El Guamo, de Puerto Ordaz. Con este ya van tres crímenes relacionados con el sector construcción en lo que va de año.

Un muerto y dos heridos fue el saldo que arrojó un tiroteo contra supuestos ex sindicalistas la tarde de este sábado, en la urbanización Tepuy del sector El Guamo de Puerto Ordaz.
El fallecido respondía al nombre de Alexander David Zambrano Santos, de unos 35 años de edad, y era apodado “el Gordo”, según informó su padre, Rafael Zambrano, a los cuerpos policiales.
Fuentes policiales informaron que al parecer, el ex sindicalista se disponía a salir del sector acompañado de dos sujetos, en una camioneta Eco, Sport, color gris, placas FBM-92J, cuando fueron interceptados por un vehículo pequeño, color vinotinto, del cual bajaron los asesinos y procedieron a iniciar la balacera.
Según cuentan testigos, los agresores realizaron disparos hacia el auto hiriendo al conductor y a uno de los acompañantes que, en medio de la lluvia de balas, lograron salir huyendo del lugar. Zambrano se quedó en la parte trasera del auto, donde recibió las heridas que le provocaron el deceso.
El carro mostraba a simple vista 25 impactos de bala entre el parabrisas y la puerta del conductor. Se pudo observar que el cuerpo recibió los impactos en la parte baja de la espalda.
Los otros dos heridos que iban en el auto junto al fallecido quedaron identificados por las autoridades como Darwin Núñez, de 32 años de edad, y Ronny González, de 23 años, quienes recibieron cuatro y dos impactos de bala, respectivamente.
Los lesionados fueron llevados hasta el Hospital Uyapar a las 5:00 de la tarde, lugar donde los cuerpos policiales facilitaron la información. Al parecer, Darwin Núñez posee antecedentes penales.
Siguen los conflictos Según fuentes no oficiales, Alexander Zambrano pertenecía al Sindicato Único de trabajadores de Bolívar, Sutrabolívar, y prestaba servicios en el proyecto del III puente sobre el Río Orinoco, en Caicara del Orinoco, estado Bolívar.
Las autoridades sospechan que el crimen esté relacionado con pleitos sindicales, aunque aparentemente el fallecido ya no pertenecía al grupo gremial, al igual que sus acompañantes.
Al lugar del crimen llegaron el padre y los hermanos de la víctima, a quienes se les escuchaba decir en repetidas ocasiones que le habían dicho “que no saliera, yo le dije que no saliera”. Dijeron que era padre de una niña.
El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Uyapar a las 6:10 de la tarde, donde le iban a realizar los análisis correspondientes.
Sumando
El fallecimiento de Alexander David Zambrano Santos sería la segunda muerte que se da en el año en medio de pleitos entre sindicalistas y conflictos laborales en el territorio guayanés.
El pasado martes en el Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo perdió la vida Néstor Ramón Montilla Sandoval, delegado de Sinatracom, luego de que varios hampones lo abordaran en el centro asistencial.
También Nelson Jaramillo, quien era dirigente de Sinatracom-Bolívar y coordinaba obras en el oriente del país, fue ultimado en Güiria, estado Sucre a principios de este año.

Correo del Caroní 08.02.09

¿Y NO IMPORTA EL ASESINATO DE DOS OBREROS?

La polarización en la cual se desenvuelve la vida del país tiene día a día consecuencias muy graves, tristes y preocupantes. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con el asesinato por parte de la policía del estado Anzoátegui de los obreros Gabriel Marcano Hurtado y Pedro Suárez, el primero, trabajador de la ensambladora MMC Automotriz de Barcelona, y el segundo, empleado de la compañía Macusa, ocurridas la tarde del jueves 29 de enero.

Los trabajadores participaban de una protesta cuando fueron atacados por los funcionarios, quienes de manera "eficiente" pretendían cumplir la orden judicial de desalojo de los trabajadores que habían tomado la ensambladora MMC Automotriz. Más allá de las declaraciones formales de algunos diputados de la Asamblea Nacional en el sentido de que se abrirán las investigaciones y voces aisladas de sindicalistas, estos asesinatos pasaron casi desapercibidos. Los dirigentes estudiantiles tanto simpatizantes del gobierno como opositores al gobierno, nada dijeron. No vimos en la concentración realizada por el oficialismo el 2 de febrero pancartas exigiendo justicia. La dirigencia sindical del país asumió el hecho con sorprendente indiferencia. No hemos visto a la dirigencia política opositora pronunciarse de manera contundente frente a tal hecho.

La muerte de dos obreros pareciera no importar. Hace muchos años no se asesinaba a un trabajador en medio de una protesta laboral. El año pasado los trabajadores en Guayana recibieron "gas del bueno" y "perdigones de los buenos" en varias oportunidades e incluso hubo heridos de bala, pero afortunadamente nadie falleció. En otras circunstancias distintas en el país, el asesinato de estos dos trabajadores hubiera producido grandes manifestaciones estudiantiles y de trabajadores. Así ocurría en el pasado en la llamada "cuarta república". Es lamentable que muchos dirigentes políticos de oposición y oficialistas que hicieron vida política al calor de la lucha de calle hoy guarden silencio frente a la represión, la criminalización de la protesta y estos asesinatos.

Vaya mi reconocimiento a la actitud asumida por el gobernador Tarek William Saab, quien actuó con rapidez facilitando las investigaciones y exigiendo que el caso no quede impune. También que por iniciativa propia haya planteado indemnizar a los familiares de las víctimas.

Esa debería ser la actitud de cada gobernador si hechos como estos se repitieran. Pero para que ello no ocurra los gobernantes, incluyendo el propio gobernador de Anzoátegui, deben ser exigentes y cumplir las normas que establecen que los policías no pueden ir armados al control de manifestaciones. Es ya común ver, por ejemplo, a la Guardia Nacional controlando manifestaciones portando fusiles y a policías con sus armas de reglamento.

Queda ahora en manos de la Fiscalía adelantar todas las investigaciones necesarias para que el asesinato de los dos obreros no quede impune. Desde aquí nuestra solidaridad con los familiares.


Marino Alvarado
Coordinador General de Provea

Tal cual 06.02.09

COFAVIC. COMUNICADO

COFAVIC RECHAZA EL USO DESPROPOCIONAL DE LA FUERZA
PÚBLICA

Caracas, 22 de enero de 2009. El Comité de familiares y víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) rechaza de manera contundente el uso desproporcional de la fuerza pública contra las manifestaciones de los últimos días ocurridas en Caracas y otras ciudades del país; así como la presentación ante los tribunales de las personas que están ejerciendo el derecho a la manifestación pacífica. Los cuerpos de seguridad del Estado venezolano están en la obligación de garantizar la vida, integridad física y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, sin distinciones de ningún tipo. La actuación de los funcionarios encargados de la seguridad y el orden público está sujeta a regulación constitucional e internacional, entre las cuales son particularmente claras las normas contenidas en el Código de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley y las Reglas sobre Uso de Fuego por Funcionarios encargados de Cumplir La Ley. Las autoridades venezolanas deben garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, muy especialmente en las circunstancias en que se necesario el resguardo del orden público. En ese sentido, COFAVIC rechaza públicamente: 1. El uso desproporcionado de los implementos anti-motín por los cuerpos de seguridad del Estado con uso indiscriminado y masivo de gases lacrimógenos de alta concentración y efecto residual; así como el uso de perdigones a corta distancia y actos de violencia prohibida expresamente por el derecho internacional de los derechos humanos. 2. La presunta actuación de civiles armados que atacaron a grupos de personas reunidas en el Ateneo de Caracas, creando graves problemas de seguridad a todos los empleados y visitantes de este recinto y serios destrozos a este importante e histórico espacio cultural de la ciudad de Caracas y a la movilización estudiantil que tenía la intención de llegar hasta el Tribunal Supremo de Justicia. 3. Las detenciones arbitrarias que buscan criminalizar el derecho a la protesta. Según información publicada en un boletín emitido por el Ministerio Público, han sido presentadas 45 personas que participaban en las marchas y movilizaciones de los estudiantes, ante los juzgados de control de Caracas y Sucre. En Cumaná, los tribunales de control ordenaron libertad plena de las 40 personas detenidas por los cuerpos policiales. En Caracas, el Ministerio Público imputó a 4 estudiantes por la presunta comisión de los delitos resistencia a la autoridad y lesiones genéricas en perjuicio de un funcionario policial. Todos quedaron con régimen de presentación y medidas cautelares. COFAVIC insta al Ministerio Público a revisar los procedimientos aplicados y a desarrollarlos de acuerdo a los estándares mínimos de respeto a las garantías judiciales indispensables. 4. El sometimiento de civiles ante la jurisdicción militar. Es del conocimiento público que los estudiantes Luis Magallanes y Ramón Bravo serán pasados a los tribunales militares por el delito de agresión a un símbolo patrio y a un soldado en el estado Carabobo, tal y como han reseñado importantes medios de comunicación de esa entidad. De concretarse esta actuación, se estaría violando de manera contundente el principio del juez natural que se encuentra establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los principales tratados internacionales de derechos humanos suscritos por la República, por lo que se hace un llamado a los diferentes operadores de justicia para que las personas civiles que puedan estar incursos en la comisión de un delito sean presentados ante la jurisdicción penal ordinaria que es la única instancia competente para conocer estos delitos. COFAVIC recuerda a los funcionarios militares y policiales del Estado venezolano que: 1) Son responsables penal, administrativa y civilmente por las muertes y lesiones que causen a cualquier persona cuando no concurran las circunstancias que configuran el Estado de Necesidad o la Legítima Defensa. 2) Que las acciones para juzgar y condenar los delitos graves contra los derechos humanos no prescriben. 3) Que no pueden alegar como excusa órdenes superiores para perpetrar abusos contra la población. 4) Que como funcionarios públicos están al servicio de la República y sus ciudadanos y no de parcialidad política alguna. COFAVIC se permite resaltar a las autoridades del Estado venezolano que su responsabilidad se ve comprometida tanto por sus acciones lesivas a los derechos de la persona humana como por sus omisiones en la prevención, investigación y sanción de las violaciones a los derechos fundamentales. Por ello lo exhorta a investigar de manera independiente todas las denuncias que se efectúen de abusos en contra de los derechos fundamentales. Igualmente el Estado está en la obligación nacional e internacional de respetar los derechos humanos de aquellas personas que han sido detenidas durante los hechos mencionados anteriormente. En especial el respeto a la integridad física y el derecho a un debido proceso en el cual se contempla las garantías pertinentes a todo ciudadano frente a tribunales imparciales y competentes, así como su derecho a la defensa, establecidos en el artículo 49 constitucional y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, COFAVIC denuncia y rechaza toda forma de confrontación violenta en la población venezolana, por ello se hace un llamado urgente a la población en general a mantener el respeto a la vida, la integridad física y moral, la propiedad, el libre tránsito y todos los derechos de sus conciudadanos. Ante la radicalización de la violencia, se insta nuevamente a todas las opciones políticas a asumir el proceso de diálogo y promover la tolerancia política con la urgencia y la premura que la situación del país requiere, sobreponiendo para ello los intereses colectivos a los grupales o individuales. Con profundo dolor y frustración vemos como a 20 años de los hechos de El Caracazo, en la sociedad venezolana persisten graves problemas de derechos humanos que surgen por la falta de una política de Estado que adecúe los mecanismos de control del orden público a los estándares internacionales y a lo establecido en nuestra Constitución. Es igualmente doloroso que algunos funcionarios del Estado venezolano, formalmente comprometidos a tomar todas las medidas necesarias para proteger y garantizar los derechos humanos, asuman un discurso represivo que no puede ser justificado en ninguna circunstancia alegada y que rememora la conducta de la administración vigente en 1989 durante los sucesos del Caracazo. FIN

Permiso para manifestar

Ante las reiteradas protestas observadas en el país en los últimos días, diferentes actores de la vida nacional, políticos, funcionarios policiales, trabajadores, estudiantes, ministros, entre otros, han hecho innumerables planteamientos con respecto a la pertinencia o no de salir a la calle para expresar alguna inconformidad con el desarrollo de la coyuntura venezolana.

Es por ello, que intentaremos hacer un breve análisis, en lógica de derechos humanos, con el fin de aclarar algunas dudas que pudiesen estar nublando el panorama colectivo.

Cuando hablamos de manifestaciones pacíficas, nos referimos a un derecho humano, el Derecho Humano a la Manifestación Pacífica. Consagrado en el Artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otro requisito que los que establezca la ley”, es decir, nuestra carta magna garantiza este derecho en plena concordancia con la legislación internacional. Asimismo, en el Artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se garantiza que “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. Es importante destacar que el Estado Venezolano ha suscrito diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los que se compromete a garantizar y promover su fiel cumplimiento. Por tanto son plenamente exigibles por la sociedad Venezolana.

Para ejercer nuestro derecho a la manifestación pacífica, no es necesario pedir una autorización. Y esto es significativo, ante las reiteradas declaraciones de representantes gubernamentales, quienes han afirmando que se debe solicitar, y esperar, un permiso por parte de las autoridades civiles. El Artículo 38 de la ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas, y Manifestaciones, establece que “Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos, por escritos duplicados, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga”. Por lo tanto, y como se evidencia en esta ley que rige las manifestaciones pacificas, solo se debe notificar, por medio de un proceso administrativo y sin mayores complicaciones, a las autoridades civiles, para que el Estado a través de sus organismos, garantice la seguridad ciudadana de manifestantes y terceros, en un ambiente de paz y tranquilidad.

En cuanto a las actividades desempeñadas por los organismos de seguridad en el control de las protestas pacificas, relevamos que el Artículo 68 de nuestra Constitución, es lo suficientemente claro y específico al afirmar que “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”, por tal motivo, solo con la presencia de funcionarios armados en el contexto de una manifestación, es una flagrante violación de la constitución y de este derecho humano, mucho más cuando los funcionarios hacen uso de armas de fuego y sustancias toxicas (gases lacrimógenos), para “controlar” manifestaciones de carácter pacífico.

El derecho a manifestar pacíficamente es inherente a la búsqueda de una mejor calidad de vida, y nos permite alzar la voz de protesta cuando las instituciones y quienes las administran olvidan que su labor principal es trabajar a favor del colectivo.

Marco Antonio Ponce
Investigador del Derecho Humano a la Manifestación Pacífica

Instan al Ministerio Público a velar por el debido proceso y a garantizar el derecho a la justicia

Instan al Ministerio Público a velar por el debido proceso y a garantizar el derecho a la justicia consagrado en la Constitución

CONVOCAN FAMILIARES Y VíCTIMAS DE MALA PRAXIS MÉDICA
A EXIGIR JUSTICIA

Afectados y familiares de afectados por el anormal funcionamiento del servicio de salud, organizados en el Comité Popular de Observadores del Servicio de Salud (COSS), exigen la garantía del Derecho a la justicia, y convocan a una concentración el miércoles 21.01.09, a las 10:00 AM., frente a la sede principal del Ministerio Público

Un llamado a las autoridades del Ministerio Público para dar celeridad a las investigaciones y respeto al debido proceso en los casos por presunta mala praxis médica, formula el COSS.

El COSS, viene trabajando, en el desempeño del ejercicio de la contraloría socia, desde el año 2007, en virtud de múltiples denuncias por presuntas irregularidades presentadas en la prestación del servicio de salud, tanto público como privado. Voceros/as de esta organización denuncian que según información suministrada por el propio Ministerio Público, actualmente se investigan 627 casos por presunta Mala Praxis Médica a nivel Nacional, siendo los estados con más casos: Distrito Capital con 197, Yaracuy con 69, Carabobo 51, Táchira 47, Zulia con 38, Bolívar 33 y Mérida con 28; sin embargo, no se conocen los resultados de dichas investigaciones o el estado en que se encuentran estos los procedimientos.

Pese a las comunicaciones y peticiones dirigidas a distintos organismos e instancias del Estado (Ministerio Público, Ministerio de Salud, Alcaldía Mayor, Asamblea Nacional, Maternidad Concepción Palacios), para buscar soluciones al mal funcionamiento del servicio de salud y en la búsqueda de celeridad procesal en los procedimientos que lleva la fiscalía, estos no han recibido respuestas y señalan que los problemas estructurales dentro del sistema hospitalario aun persisten. Asimismo, en días pasados, el 31 de diciembre de 2008 y el 1º de enero de 2009, ocurrieron 2 casos, uno en el Hospital de los Magallanes de Catia y otro en la Maternidad Concepción Palacios, en los cuales una de las afectadas presenta muerte cerebral; y la otra falleció luego de ocho días de agonía.

Es por ello, que han decidido realizar una concentración para exigir al Ministerio Público el respeto del debido proceso y demás garantías Constitucionales y el cese a la violación del Derecho a la Salud; de la misma manera exigen la creación de una Dirección especializada en la investigación penal y administrativa de delitos, con ocasión al irregular funcionamiento en la prestación del servicio de salud; y la no caducidad de la acción frente la violación de éste derecho fundamental.

Hacen un llamado a la colectividad para que asista a una concentración pacifica, en la sede Principal del Ministerio Público, el día miércoles 21.01.09, a las 10:00 AM., ubicado en la Av. México, frente a la estación del metro de Parque Carabobo, para exigir la garantía del derecho a la justicia y el respeto al derecho a la salud consagrados en los artículos 26 y 83, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Lanzan cinco bombas lacrimógenas en la Nunciatura Apostólica

A las cinco y treinta de la madrugada de hoy, fueron lanzadas a la sede de la Nunciatura Apostólica cinco bombas lacrimógenas que estallaron dentro de la institución, poco antes de que el nuncio Giacinto Berlocco oficiase la misa diaria.

El atentado supuestamente se le atribuye al colectivo "La Piedrita". La Nunciatura Apostólica en comunicación telefónica, informó a la redacción de El Universal que emitirán un comunicado en el transcurso de la mañana para repudiar este hecho.

En el lugar se localizó un panfleto que critican el refugio que la Nunciatura ha brindado desde hace casi dos años al ex dirigente estudiantil Nixon Moreno y que considera a la iglesia católica como "traidora y cobarde". Parte del encabezado dice: "El grupo de trabajo La Piedrita y nuestro máximo líder Valentín Santana, informamos al pueblo rebelde de Simón Bolívar que nuestra organización revolucionaria desconoce a la cúpula eclesiástica de la iglesia católica y la señala como traidora y cobarde a las verdaderas luchas del pueblo venezolano".

Cabe destacar, que a pocos metros de la Nunciatura Apostólica se encuentra la sede operativa de Caracas Segura y hasta los momentos no se ha presentado ningún efectivo de la Policía Metropolitana ni de otra institución.

De igual forma, la Nunciatura hace un llamado al ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami para que se apersone al lugar y realice las investigaciones necesarias a fin de dar con el paradero de las personas que realizaron este acto.

Fuente: eluniversal.com

Presidente instruye a autoridades para disolver protestas estudiantiles

Chávez ordenó apresar a los líderes de las protestas
El presidente Hugo Chávez instruyó a las autoridades policiales, al Ministerio de Interior y Justicia adisolver las protestas estudiantiles que sean consideradas comoalteración de orden público o agresiones a los ciudadanos. Mandó aponer preso a los líderes de estas acciones. "Ministro del Interior, écheles gas y disuelva cualquier guarimba, nopodemos comenzar mostrando debilidades como gobierno, no podemos. Hagoresponsable de esto al vicepresidente, al Ministro del Interior y alComandante General de la Guardia Nacional", indicó el Presidente. "¿Qué quieren, que vaya yo a dirigir un pelotón para disolver lamanifestación? No podemos permitir a nadie que tranque una avenida ouna calle o una autopista, así que a estos grupitos direccionados porel imperio se los digo, y doy la orden de una vez, no hace falta queme pidan permiso, ya di una orden, no hace falta que dé permiso cadaquien asuma su responsabilidad", afirmó. Dijo que si no son castigados los autores de "guarimbas" serán losjefes responsables de cada policía y ministerio los que tendrán queasumirla. "Se lo digo al comandante de la Policía Metropolitana y sinohay que quitarlo de ahí y poner a alguien que asuma con autoridad, lospolicías no pueden estar ahí como unos pendejos a los que le escupenla cara y los atropellan", señaló. "A partir de este momento el que salga a quemar un carro, a quemarunos árboles, a trancar una calle que le echen gas del bueno y me lometen preso. Si no lo hicieran me raspo a los jefes responsables, melos raspo a toditos, lo dije y lo vuelvo a repetir: el Chávez pendejose quedó en el 2002. No voy a permitir, por debilidades de ningúntipo, que cuatro escuálidos nos embochinchen el país que tanto nos hacostado echar adelante. No van a poder con nosotros, no van a poderquemar el cerro el Ávila, no van a poder con el pueblo ni con estarevolución", insistió el mandatario. Señaló que en democracias como las de Chile, "a las que le tengo ungran respeto", las manifestaciones de estudiantes son disueltas. "Hacepoco vi unas imágenes de muchachos protestando y allá le echan hastala policía a caballos, los dirigentes de esos hay que detenerlos, doyla orden de una vez señor Ministro de Defensa y de Interior y losjefes de policías", agregó. Llamó a la Fiscalía a acusar a los responsables de agredir a laciudadanía, de agredir a los cuerpos policiales y militares. "Hay que imponer la autoridad y llamo a los demás poderes del Estado,porque este no es un problema mío nada más sino de todo el Ejecutivo ytambién del pueblo, trancar calles y agredir a la ciudadanía eso es undelito, el que agreda un soldado está cometiendo un delito y hay quellevarlos preso y más nada, compadre, no podemos estar contemblequeras o guabineos o se gobierna o no se gobierna". Dijo que la oposición puede hacer sus concentraciones ymanifestaciones de campaña, pero dentro de las vías legales. "Hagan sucampaña pueden hacer marchas, concentraciones, manifestaciones digan'no' por todos lados, pero cuando dicen 'no' están diciendo es 'no seva', ellos nos están haciendo propaganda. Hagan lo que siempre hanhecho, pero por las vías legales".

Fuente: Reuters

CONVOCATORIA

El Comité Popular de Observadores del Servicio de Salud, conformado por personas y familiares de personas afectadas por el mal funcionamiento del servicio de salud, con el objeto de monitorear y exigir el respeto a la garantía del derecho a la salud según lo establece el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza:

“La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa…”

Convoca a una CONCENTRACIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 21.01.09, A LAS 10:00 A.M.., FRENTE A LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, ubicado en la Av. México frente a la estación del metro de Parque Carabobo, para exigir a la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz:

• Celeridad en todas las investigaciones por denuncia de presunta mala praxis médica.
• La creación de una Fiscalía Especial en materia de Salud.
• Investigación para determinar responsabilidad administrativa por mal funcionamiento del servicio de salud (Art. 285 ord. 5º, CRBV)

Criminalización de la protesta‏

Desde hace varios años venimos denunciando cómo cada vez más se somete a luchadores sociales a juicios penales por el solo hecho de ejercer el derecho a la protesta. El año 2008 terminó con la detención de 12 sidoristas. Mientras el país celebraba las fiestas de Navidad, los trabajadores realizaban una protesta a las puertas de la Vicepresidencia de la República y en ese lugar pernoctaron varios días.

La respuesta del gobierno fue la represión. Les dio como regalo pasar las fiestas de año nuevo bajo las rejas. En una actuación combinada de los organismos policiales y la Fiscalía se van llenando los tribunales penales de expedientes donde se enjuicia a trabajadores, estudiantes, vecinos y campesinos. Muchas de las personas sometidas a estos procesos son simpatizantes del gobierno. Un ejemplo de ello son los sidoristas detenidos, quienes a través de los medios de comunicación le solicitaron al Presidente que interviniera en su favor y se reivindicaron como militantes del PSUV. Provea pudo registrar monitoreando la página web de la Fiscalía General de la República que de octubre de 2007 a septiembre de 2007 un total de 67 trabajadores fueron sometidos a juicios penales, 4 dirigentes estudiantiles, 17 profesores y un número no determinado de vecinos. Esta cifra es aún mayor cuando se monitorea información reseñada por los medios de comunicación. El Ministerio público viene aplicando principalmente los artículos 191, 357 y 468 del Código Penal y el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa. Para enjuiciar adolescentes se recurre a la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescentes.

El derecho a la protesta en los lugares donde se encuentran las industrias básicas del país prácticamente ha quedado eliminado. Constituye un riesgo para cualquier dirigente sindical o trabajador movilizarse en esas áreas, incluso dentro de las mismas fábricas, o realizar algún paro. Siempre que lo haga se expondrá a la posibilidad de que se le apliquen los artículos 38, 47 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa e incluso que se les procese de manera inconstitucional en un tribunal militar como ya ocurrió con varios dirigentes sindicales.

Se viene criminalizando el cierre de calles, la forma más común de protesta de quienes se sienten en el derecho de reclamar justas reivindicaciones. Para que algún alcalde, gobernador o funcionario de algún ministerio atienda sus reclamos, los hombres y mujeres de este país cada año recurren más a la movilización de calle. El año pasado se realizaron 1.763 manifestaciones, de las cuales 749 fueron bajo la modalidad de cierre de calles. La criminalización de la protesta afecta múltiples derechos civiles, políticos y sociales. Por lo tanto, no debemos ser indiferentes ante el uso de la justicia penal para sancionar a quienes ejercen libremente el derecho a manifestar de manera pacífica.

Por: Marino Alvarado. Coordinador General de Provea

Fuente: Talcual 16.01.09