Criminalización de la protesta‏

Desde hace varios años venimos denunciando cómo cada vez más se somete a luchadores sociales a juicios penales por el solo hecho de ejercer el derecho a la protesta. El año 2008 terminó con la detención de 12 sidoristas. Mientras el país celebraba las fiestas de Navidad, los trabajadores realizaban una protesta a las puertas de la Vicepresidencia de la República y en ese lugar pernoctaron varios días.

La respuesta del gobierno fue la represión. Les dio como regalo pasar las fiestas de año nuevo bajo las rejas. En una actuación combinada de los organismos policiales y la Fiscalía se van llenando los tribunales penales de expedientes donde se enjuicia a trabajadores, estudiantes, vecinos y campesinos. Muchas de las personas sometidas a estos procesos son simpatizantes del gobierno. Un ejemplo de ello son los sidoristas detenidos, quienes a través de los medios de comunicación le solicitaron al Presidente que interviniera en su favor y se reivindicaron como militantes del PSUV. Provea pudo registrar monitoreando la página web de la Fiscalía General de la República que de octubre de 2007 a septiembre de 2007 un total de 67 trabajadores fueron sometidos a juicios penales, 4 dirigentes estudiantiles, 17 profesores y un número no determinado de vecinos. Esta cifra es aún mayor cuando se monitorea información reseñada por los medios de comunicación. El Ministerio público viene aplicando principalmente los artículos 191, 357 y 468 del Código Penal y el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa. Para enjuiciar adolescentes se recurre a la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescentes.

El derecho a la protesta en los lugares donde se encuentran las industrias básicas del país prácticamente ha quedado eliminado. Constituye un riesgo para cualquier dirigente sindical o trabajador movilizarse en esas áreas, incluso dentro de las mismas fábricas, o realizar algún paro. Siempre que lo haga se expondrá a la posibilidad de que se le apliquen los artículos 38, 47 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa e incluso que se les procese de manera inconstitucional en un tribunal militar como ya ocurrió con varios dirigentes sindicales.

Se viene criminalizando el cierre de calles, la forma más común de protesta de quienes se sienten en el derecho de reclamar justas reivindicaciones. Para que algún alcalde, gobernador o funcionario de algún ministerio atienda sus reclamos, los hombres y mujeres de este país cada año recurren más a la movilización de calle. El año pasado se realizaron 1.763 manifestaciones, de las cuales 749 fueron bajo la modalidad de cierre de calles. La criminalización de la protesta afecta múltiples derechos civiles, políticos y sociales. Por lo tanto, no debemos ser indiferentes ante el uso de la justicia penal para sancionar a quienes ejercen libremente el derecho a manifestar de manera pacífica.

Por: Marino Alvarado. Coordinador General de Provea

Fuente: Talcual 16.01.09