viernes, 19 de diciembre de 2008

Cofavic valora la sentencia contra funcionario policial que asesinó a estudiante



COFAVIC, en una nota de prensa, valora como positiva la sentencia emitida por el Juzgado 23 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual se condenó el día de ayer a Yohan Duarte, funcionario activo de la Policía Municipal de Sucre, por el homicidio del joven Javier Antonio Pasero, estudiante de Ingeniería Electrónica, hecho ocurrido el 1 de agosto de 2003, en el barrio La Lagunita de Filas de Mariche.

Según la ONG en el dispositivo de la sentencia, la jueza Anna Luisa Cirrottola dejó establecido que la víctima nunca sostuvo un enfrentamiento con los funcionarios implicados en el hecho y que fue asesinado mientras se encontraba bajo custodia policial. Concretamente, el Tribunal determinó que el 1 de agosto de 2003, los funcionarios Yohan Duarte y Gabriel Eduardo Rodríguez acudieron al barrio La Lagunita de Mariches, donde ingresaron a una casa en la que se encontraba Javier Pasero. Le preguntaron si tenía el apodo de un supuesto delincuente al que estaban buscando y el joven respondió que no. Seguidamente, lo detuvieron sin una orden judicial y sin haberlo encontrado en flagrancia cometiendo un delito. Lo sacaron de la vivienda y lo trasladaron a la calle La Ceiba, donde le dispararon en varias oportunidades. Los funcionarios Rubén Curvelo Figueredo y Joel Duque lo trasladaron al Hospital Pérez de León, donde llegó sin signos vitales.

Al comprobar estos hechos, el Tribunal dictaminó con respecto al funcionario municipal Yohan Duarte, único acusado en este proceso (aunque no es el único implicado), que es culpable de los delitos homicidio calificado por motivos fútiles en grado de complicidad correspectiva; y por uso indebido de arma de fuego, ambos previstos en los artículos 406 (ordinal 1) y 281 (en concordancia con el art. 87) del Código Penal, respectivamente. La pena de prisión que deberá cumplir es de nueve años.

COFAVIC, organización de derechos humanos que hizo acompañamiento psico-social y jurídico a la familia de la víctima durante el desarrollo del juicio, considera positivo que en la decisión la jueza haya ordenado iniciar una investigación a los otros tres funcionarios de la Policía de Sucre que participaron en el operativo policial, desplegado el día que fue asesinado Javier Antonio Pasero. Estos son Leonardo Vegas Palacios, Rubén Curvelo Figueredo y Joel Duque Zambrano.

Además de estos tres agentes, Gabriel Eduardo Rodríguez, el otro policía implicado, no fue juzgado durante este juicio debido a que salió del país en abril de 2006, dos años después de que la Fiscalía 83 del Área Metropolitana de Caracas presentara la acusación de este caso ante el Tribunal 26 de Control del Área Metropolitana de Caracas, el 25 de mayo de 2004. Este último juzgado aceptó la acusación, pero rechazó la solicitud fiscal de acordar una medida preventiva privativa de libertad de ambos imputados. Esta decisión permitió que el agente Gabriel Eduardo Rodríguez evadiera el proceso judicial donde se determinaría su participación en el hecho.

La madre de la víctima, Lesvia Carmona de Bonilla, considera positivo que el Tribunal haya reconocido y establecido que su hijo fue víctima de una violación de derechos humanos y especialmente, que dejara sentado que Javier era una persona valiosa y colaboradora para su comunidad y era apreciado por sus vecinos y sus compañeros de estudio. Sin embargo, considera que la pena es insuficiente para el daño causado a su hijo y a su familia.

A la señora Carmona le preocupa que sea parte del patrón para criminalizar a las víctimas de ejecuciones extrajudiciales, las declaraciones de altos funcionarios policiales presentando información falsa e inexacta sobre las víctimas. En su caso, el director de la Policía de Sucre declaró dos días después de los hechos, en el canal de noticias Globovisión, que Javier Pasero “era un azote de barrio”. En ese sentido, desea rectificar esa información al señalar que su hijo era un estudiante brillante de ingeniaría electrónica en el Instituto Universitario Nuevas Profesiones, quien para el momento de su muerte tenía varios proyectos a desarrollar con su padre, quien también es ingeniero y tiene una empresa familiar dedicada a la producción de equipos electrónicos, hecho demostrado durante el debate en el juicio.

La señora Lesvia Carmona de Bonilla y su familia impulsaron el proceso penal desde su inicio, creyendo con firmeza en que la justicia llegaría. Ella señala que “no existe otra manera de buscar justicia, sino impulsando el caso activamente”.

Para los familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos es indispensable que se determine la verdad de lo sucedido. Este es un derecho que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reconocido, tal como la obligación del Estado de emprender investigaciones serias e imparciales. Saber lo que ocurrió y saber quiénes fueron los agentes responsables de los hechos, es un derecho irrenunciable que tienen los familiares, pero también la sociedad venezolana, la cual tiene el derecho de conocer la magnitud de las violaciones que se cometieron, para que no vuelvan a repetirse en el futuro, expresó Cofavic.

Foro por la Vida rechaza las declaraciones del Ministro de Interior y Justicia



Caracas, 19 de diciembre de 2008. El Foro por la Vida, coalición de organizaciones de derechos humanos en Venezuela, rechaza las declaraciones del ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, dirigidas a descalificar a la organización Programa Venezolano en Educación– Acción de los Derechos Humanos (Provea), la cual presentó el 10 de diciembre pasado el Informe sobre la Situación de Derechos Humanos en Venezuela.

Las declaraciones fueron emitidas el 16.12.08 y señalaban: “Por ahí salió un informe de Provea, que a los ojos de nuestro pueblo es una ridiculez. Merece que en el momento que lo presentaron caerle a zapatazos (…), por mentirosos y embusteros” agregando que “ellos cobran dólares por mentir”. Estas declaraciones, en vez de fortalecer la defensa de los derechos humanos, debilitan la posibilidad de los ciudadanos y ciudadanas de protegerse ante las violaciones a sus derechos humanos e impiden el diálogo constructivo para la búsqueda de las soluciones que afectan a los sectores más vulnerables.

El Foro por la Vida considera que estas acusaciones son infundadas y pretenden descalificar el trabajo continuo y sostenido que ha desarrollado Provea durante 20 años por la vigencia de los derechos humanos en Venezuela.

Dichas declaraciones gubernamentales constituyen un ataque no solo en contra de Provea sino en contra todos los defensores de derechos humanos en Venezuela, pues en el Informe participan miembros de numerosas organizaciones de derechos humanos de reconocida trayectoria en el país. Recordamos que los argumentos descalificadores han sido una defensa utilizada por gobiernos autoritarios para evitar la supervisión de los organismos de protección de derechos humanos y el trabajo de contraloría social previsto en el articulo 62 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, el trabajo de Provea ha sido fundamental para evidenciar desde su existencia situaciones de violaciones de derechos humanos en el país. También es importante señalar que la gestión financiera de Provea siempre se ha efectuado de manera transparente y acatando las leyes venezolanas en la materia.

Así mismo, estas declaraciones contravienen lo establecido en el Considerando de la Resolución de Medidas Provisionales del Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, del 9 de febrero de 2006, y de la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución aprobada 53/144 de fecha 8 de marzo de 1999, relacionada a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

Por lo anteriormente expuesto, instamos al Ministro del Poder Popular para las Relaciones de Interior y Justicia a que se retracte de las declaraciones emitidas en contra de Provea, tomando en cuenta las consecuencias que las mismas podrían tener en cuanto a la seguridad personal de los miembros e investigadores de la organización. Este tipo de declaraciones estimula la violencia y pudiera provocar situaciones que ponen en peligro la vida de los miembros de esta organización.

Finalmente, solicitamos se convoque a un diálogo con el Foro por la Vida y las organizaciones de DDHH, para buscar soluciones conjuntas y coordinadas a los problemas de derechos humanos que afectan a la población venezolana.

Por la Vocería del Foro por la Vida

Caritas Venezuela
Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI)

jueves, 4 de diciembre de 2008

Comité de Víctimas Contra la Impunidad recordó sus 4 años de lucha contra los abusos del poder





Comité de Víctimas Contra la Impunidad recordó sus 4 años de lucha contra los abusos del poder

El pasado 29.11.08, el Comité de Víctimas contra la Impunidad (CVCI) del estado Lara realizó unos sentidos eventos en la capital larense para recordar sus cuatro años de lucha contra las desapariciones forzadas y la vulneración del derecho a la vida en la región. En horas de la tarde realizaron un foro en las instalaciones del postgrado de la Universidad Central Lisandro Alvarado (UCLA) sobre las masacres realizadas por funcionarios policiales, tanto en el estado Lara como en el territorio nacional. Entre los ponentes destacaron el abogado Pablo Espinal, ex fiscal regional, quien relató la serie de irregularidades en la investigación gubernamental alrededor de la llamada “Masacre de los Pocitos”, ocurrida en enero del 2004, en la cual 8 adolescentes perdieron la vida y en el que las denuncias recaen sobre funcionarios policiales. Pablo Hernández Parra realizó una disertación acerca de la sistemática política de violación del derecho a la vida y a la justicia de las clases populares en las últimas décadas y Wolmer Pinilla, sobreviviente de la Masacre de El Amparo, describió la lucha de los sobrevivientes y familiares para lograr justicia en el caso en los 20 años transcurridos desde aquel crimen de Estado. Asimismo, se proyectó el documental “Masacre de El Amparo: 20 años de impunidad”.

En horas de la noche, en la población aledaña de Santa Rosa, se realizó un acto en recuerdo de las víctimas de la impunidad en la región, en el cual se develó una placa a ser anexada al monumento erigido por el CVCI en esta comunidad, en donde se registró uno de los primeros casos asumidos por el Comité. Entre los nombres anexados se encuentran los de Esteban Javier Vargas Hernández, Ramón París, José David Chávez Piña, José Antonio Orellana Rivero, Hengel Alexander Pérez Heredia y Fabricio Douglas Pérez Heredia. Poesía, canto, ofrendas florales y palabras de agradecimiento flotaron en el cálido ambiente, de manos de los familiares de las víctimas del abuso del poder y la ausencia de justicia en el país.

EL CVCI es una organización popular de carácter autónomo que ha venido desarrollando, junto a otras organizaciones sociales de la región como el Comité Argimiro Gabaldón, la lucha contra la impunidad y la denegación de sus derechos a los sectores desfavorecidos.

Nuevos casos de violencia sindical reviven debilitamiento de las organizaciones gremiales


(Richard Gallardo, foto Aporrea)

El pasado 28.11.08 fueron asesinados en el estado Aragua los dirigentes sindicales Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, miembros de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). El ministro para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, declaró se había detenido al presunto autor material del triple homicidio, cuyo nombre es Julio César Arguinzones, venezolano de 31 años, quién cometió el crimen por encargo. El Aissami afirmó que la investigación está muy adelantada y en las próximas horas esperaban detener al autor intelectual. A pesar de que el ministro fue cauteloso en revelar el nombre del presunto autor intelectual, toda vez que las investigaciones estaban en marcha. Sin embargo, señaló que "el móvil que más fuerza cobra sería apoderarse del manejo sindical del área de bebidas gaseosas. Es un homicidio por encargo". (YVKE Mundial, http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?15605, 04.12.08).

Provea ha venido expresando su preocupación por la violencia entre los diferentes organizaciones sindicales por la obtención de puestos de trabajo. En su Informe 2006-2007 acerca de la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, se registraron que durante el período por lo menos 53 personas fueron asesinadas en hechos relacionados a este tipo de conflictos. Este tipo de violencia, a juicio de Provea, constituye una señal preocupante del debilitamiento de la organización sindical, lo cual representa una amenaza para que los trabajadores y trabajadoras puedan defender sus derechos, pues las pugnas se han caracterizado por la sistemática violación del derecho a la vida, mediante la modalidad del sicariato, lo cual ha agravado el clima de violencia e inseguridad en el país. Provea exige a las autoridades celeridad y transparencia en la investigación y sanción de los responsables de estos recientes fallecimientos, así como del resto de casos que reposan en las oficinas del Ministerio Público y de los funcionarios policiales.