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La polarización en la cual se desenvuelve la vida del país tiene día a día consecuencias muy graves, tristes y preocupantes. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con el asesinato por parte de la policía del estado Anzoátegui de los obreros Gabriel Marcano Hurtado y Pedro Suárez, el primero, trabajador de la ensambladora MMC Automotriz de Barcelona, y el segundo, empleado de la compañía Macusa, ocurridas la tarde del jueves 29 de enero.
Los trabajadores participaban de una protesta cuando fueron atacados por los funcionarios, quienes de manera "eficiente" pretendían cumplir la orden judicial de desalojo de los trabajadores que habían tomado la ensambladora MMC Automotriz. Más allá de las declaraciones formales de algunos diputados de la Asamblea Nacional en el sentido de que se abrirán las investigaciones y voces aisladas de sindicalistas, estos asesinatos pasaron casi desapercibidos. Los dirigentes estudiantiles tanto simpatizantes del gobierno como opositores al gobierno, nada dijeron. No vimos en la concentración realizada por el oficialismo el 2 de febrero pancartas exigiendo justicia. La dirigencia sindical del país asumió el hecho con sorprendente indiferencia. No hemos visto a la dirigencia política opositora pronunciarse de manera contundente frente a tal hecho.
La muerte de dos obreros pareciera no importar. Hace muchos años no se asesinaba a un trabajador en medio de una protesta laboral. El año pasado los trabajadores en Guayana recibieron "gas del bueno" y "perdigones de los buenos" en varias oportunidades e incluso hubo heridos de bala, pero afortunadamente nadie falleció. En otras circunstancias distintas en el país, el asesinato de estos dos trabajadores hubiera producido grandes manifestaciones estudiantiles y de trabajadores. Así ocurría en el pasado en la llamada "cuarta república". Es lamentable que muchos dirigentes políticos de oposición y oficialistas que hicieron vida política al calor de la lucha de calle hoy guarden silencio frente a la represión, la criminalización de la protesta y estos asesinatos.
Vaya mi reconocimiento a la actitud asumida por el gobernador Tarek William Saab, quien actuó con rapidez facilitando las investigaciones y exigiendo que el caso no quede impune. También que por iniciativa propia haya planteado indemnizar a los familiares de las víctimas.
Esa debería ser la actitud de cada gobernador si hechos como estos se repitieran. Pero para que ello no ocurra los gobernantes, incluyendo el propio gobernador de Anzoátegui, deben ser exigentes y cumplir las normas que establecen que los policías no pueden ir armados al control de manifestaciones. Es ya común ver, por ejemplo, a la Guardia Nacional controlando manifestaciones portando fusiles y a policías con sus armas de reglamento.
Queda ahora en manos de la Fiscalía adelantar todas las investigaciones necesarias para que el asesinato de los dos obreros no quede impune. Desde aquí nuestra solidaridad con los familiares.
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea
Los trabajadores participaban de una protesta cuando fueron atacados por los funcionarios, quienes de manera "eficiente" pretendían cumplir la orden judicial de desalojo de los trabajadores que habían tomado la ensambladora MMC Automotriz. Más allá de las declaraciones formales de algunos diputados de la Asamblea Nacional en el sentido de que se abrirán las investigaciones y voces aisladas de sindicalistas, estos asesinatos pasaron casi desapercibidos. Los dirigentes estudiantiles tanto simpatizantes del gobierno como opositores al gobierno, nada dijeron. No vimos en la concentración realizada por el oficialismo el 2 de febrero pancartas exigiendo justicia. La dirigencia sindical del país asumió el hecho con sorprendente indiferencia. No hemos visto a la dirigencia política opositora pronunciarse de manera contundente frente a tal hecho.
La muerte de dos obreros pareciera no importar. Hace muchos años no se asesinaba a un trabajador en medio de una protesta laboral. El año pasado los trabajadores en Guayana recibieron "gas del bueno" y "perdigones de los buenos" en varias oportunidades e incluso hubo heridos de bala, pero afortunadamente nadie falleció. En otras circunstancias distintas en el país, el asesinato de estos dos trabajadores hubiera producido grandes manifestaciones estudiantiles y de trabajadores. Así ocurría en el pasado en la llamada "cuarta república". Es lamentable que muchos dirigentes políticos de oposición y oficialistas que hicieron vida política al calor de la lucha de calle hoy guarden silencio frente a la represión, la criminalización de la protesta y estos asesinatos.
Vaya mi reconocimiento a la actitud asumida por el gobernador Tarek William Saab, quien actuó con rapidez facilitando las investigaciones y exigiendo que el caso no quede impune. También que por iniciativa propia haya planteado indemnizar a los familiares de las víctimas.
Esa debería ser la actitud de cada gobernador si hechos como estos se repitieran. Pero para que ello no ocurra los gobernantes, incluyendo el propio gobernador de Anzoátegui, deben ser exigentes y cumplir las normas que establecen que los policías no pueden ir armados al control de manifestaciones. Es ya común ver, por ejemplo, a la Guardia Nacional controlando manifestaciones portando fusiles y a policías con sus armas de reglamento.
Queda ahora en manos de la Fiscalía adelantar todas las investigaciones necesarias para que el asesinato de los dos obreros no quede impune. Desde aquí nuestra solidaridad con los familiares.
Marino Alvarado
Coordinador General de Provea
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