Provea exhorta al presidente Chávez a asegurar institucionalidad en el sector vivienda

Tras el anuncio realizado por Ejecutivo Nacional, acerca de la integración de las carteras de vivienda e infraestructura, así como de la sustitución de Farruco Sesto por Diosdado Cabello, en el marco de la reorganización del gabinete ministerial, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), expresa su preocupación debido a la profundización de la fragilidad institucional en las políticas relacionadas al disfrute del derecho a la vivienda por parte de venezolanos y venezolanas.

En su momento Provea reconoció como positiva la promulgación de leyes y otros marcos normativos, adecuados a los parámetros internacionales, para construir el andamiaje jurídico que permitiera asegurar el derecho a la vivienda. Entre estas medidas se encontró la creación de un órgano con rango ministerial, en el año 2005, que regulara y coordinara las diferentes políticas públicas en el sector. Sin embargo, el Ministerio del Poder Popular para la Vivienda y Hábitat (MINVIH) vio limitada sus funciones debido a la alta rotación de sus cargos directivos, alcanzando en 2008 la cifra de 4 ministros diferentes. Esta discontinuidad atentó contra el alcance de las propias metas de construcción de unidades habitacionales establecidas por el ente y generó desasosiego en las miles de familias venezolanas que realizaban gestiones para disfrutar de un techo digno y propio. Por este motivo Provea introdujo un recurso de abstención o carencia, en el Tribunal Supremo de Justicia, para que el primer mandatario argumentara las razones de la permanente remoción de sus ministros. Nuestra organización no recibió respuesta.

Provea advierte a los voceros del alto gobierno acerca de las consecuencias de trastornar los avances institucionales alcanzados con la creación de un órgano de carácter ministerial para vivienda y hábitat. Con ello se contraviene y vulnera tanto el Principio de Funcionamiento Planificado y Control de la Gestión y de los Resultados como el Principio de Eficacia en el Cumplimiento de objetivos y metas fijados, establecidos en los artículos 18 y 19 respectivamente de la Ley Orgánica de la Administración Pública. De esta manera se afecta a sus principales beneficiarios: las familias de bajos recursos del país, quienes nuevamente zozobran en el desconcierto al ignorar si sus gestiones ante el antiguo ministerio tendrán validez y continuidad en la nueva administración. Por otra parte, la complejidad y tamaño del nuevo Ministerio de Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda puede contribuir a reiterar el fracaso de las políticas en el sector y en un nuevo incumplimiento de sus propias metas de construcción anual de viviendas. Como Provea registró en su Informe Anual sobre la Situación de los Derechos Humanos para el período octubre 2007 – septiembre 2008, el promedio de construcción anual de casas en los primeros 9 años de gestión del presidente Chávez se ubicaba en 26.000 unidades, una cifra sustancialmente menor al de la década anterior, cuando dicha cifra se ubicó en 64.000 unidades al año.

De continuar la improvisación en el área será muy difícil superar el grave déficit de vivienda en el país estimado 3 millones de viviendas, incluyendo las casas situadas en zonas de alto riesgo. Sin una institucionalidad consolidada; sin metas a corto, mediano plazo; sin la participación de los diferentes actores (públicos, privados y sociales) y sin reglas de juego claras, el Estado venezolana permanecerá en mora con las familias sin techo propio y digno del país. (Prensa Provea, 05.05.08)