foto archivo(14.09.08) Segun Rocío San Miguel, coordinadora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, considera que se trata de "una reedición agravada de la ley sapo", que el presidente Hugo Chávez promulgó a finales de mayo pasado y que, por el contundente rechazo de la sociedad civil, él mismo tuvo que derogar pocos días después.
Agravada, razonó la especialista, porque la nueva norma no está supeditada a la ley: "En la práctica, ello implica que el Ministerio de la Defensa podrá adelantar labores de inteligencia y contrainteligencia sin ningún tipo de control.
Tal como figura en el artículo 4 de la nueva ley, se trata de una norma abierta. Desaparece la coletilla `de conformidad con la ley’. Eso es muy peligroso porque hasta el Gobierno había convenido en la necesidad de evitar excesos cuando se invoca la seguridad del Estado para justificar la intromisión oficial en la vida privada de los ciudadanos".
San Miguel confía en que la sociedad civil vuelva a oponerse a mecanismos de inteligencia y contrainteligencia que pudieran aplicarse arbitrariamente.
Alerta, zona militar.
La coordinadora de Control Ciudadano opina que, mediante el decreto-ley que cambió reglas fundamentales de la FAN, la militarización de la sociedad venezolana alcanza una expresión muy concreta: el establecimiento de regiones estratégicas de defensa integral.
El Ejecutivo ya ha confirmado que serían seis los nuevos espacios territoriales administrados por oficiales designados por el Presidente de la República. Y San Miguel alerta que, en la práctica, ello implicará la creación de muchas más zonas de seguridad y defensa, en las cuales existe la posibilidad de restricción de derechos civiles y políticos.
La analista recordó cómo después del golpe de abril de 2002 proliferaron las zonas de seguridad y defensa: "En ese momento, el objetivo era obstaculizar las manifestaciones públicas contra el Gobierno, mediante la restricción del derecho al libre tránsito. Pero la ley con la cual se reguló la materia incluye sanciones que alcanzan la prisión hasta por diez años. Por ejemplo, ahí está el caso del general Carlos Alfonso Martínez".
Según San Miguel, la ley recién promulgada no establece límites ni de espacio ni de tiempo, por lo cual sería enorme la amenaza sobre el efectivo ejercicio de derechos civiles y políticos.
Civiles o militares.
La formal incorporación de la milicia a la FAN (casi en los mismos términos planteados en la reforma constitucional que fue rechazada el pasado 2 de diciembre) está sustentada en la noción de pueblo en armas.
A juicio de Rocío San Miguel ello vulnera el derecho de los civiles a abstenerse de participar en la defensa militar de la nación, lo cual está consagrado en una veintena de tratados de Derecho Internacional Humanitario.
Explicó que, en la práctica, los ciudadanos que se incorporen a la milicia podrían ser considerados legítimos blancos de ataque; que en una situación de conflicto, la vida y la integridad personal estarían en peligro.
San Miguel destacó la vinculación de la milicia con los funcionarios de la administración pública que, inicialmente, recibirían entrenamiento en armas: "Un funcionario público no se podría negar a este tipo de labores, so pena de perder el trabajo. De esta forma, el servicio militar no sería tan voluntario".
Además, las milicias tienen entre sus funciones contribuir con los consejos comunales en la conformación y consolidación de los llamados comités de defensa integral. "Nadie podría garantizar que estos comités no vayan a funcionar como los comités de defensa de la revolución cubanos, como los que se pretendió crear a través de la ley sapo", reiteró la analista.
Nota de prensa extraído de el Nacional por el equipo de prensa de Provea. Jueves 14 de Agosto de 2008
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