CARACAS: Sobrevivientes de la Masacre de El Amparo solicitan en la Fiscalía fin de la impunidad

Durante el mediodía del 20 de agosto del 2008 Wollmer Gregorio Pinilla y José Augusto Arias, sobrevivientes de la Masacre de El Amparo, se dirigieron a la sede de la Fiscalía General de la República en Caracas para solicitar formalmente la reapertura del caso en tribunales ordinarios, ante la inminencia del vigésimo aniversario del crimen contra 14 pescadores en el Caño La Colorada del estado Apure.

El 29 de octubre de 1988 un grupo de 16 personas navegaban en dirección al Caño La Colorara, a través del río Arauca en el Distrito Páez del estado Apure, durante un paseo de pesca. A las 11 y 20 de la mañana, aproximadamente, fueron interceptados sin voz de alto por un comando integrado por efectivos policiales y militares, pertenecientes al Comando Específico José Antonio Páez, dando muerte a 14 personas. La versión oficial fue la de un enfrentamiento con un grupo guerrillero, la cual fue desmentida por el testimonio de los dos sobrevivientes: Wollmer Pinilla y José Augusto Arias.

La actuación posterior de los integrantes de los tribunales, consejos de guerra y cortes marciales que conocieron el caso, se orientó al claro propósito de producir impunidad. Salvo contadas excepciones, los fiscales militares y jueces cometieron un sin número de irregularidades con la finalidad de favorecer a los masacradores. De esta manera, en octubre de 1998 se declararon no culpables al grupo de 20 funcionarios involucrados en la masacre. Sin embargo años antes, en 1995, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó por el caso al Estado venezolano, obligándolo a la indemnización de los sobrevivientes y familiares de las víctimas, así como al inicio de la investigación y sanción a los autores materiales e intelectuales. En diciembre del 2005 el Estado terminó de cancelar las indemnizaciones, pero continúa en mora con su responsabilidad de penalizar a los artífices de uno de los casos de violación de derechos humanos más conocidos del país.

Los sobrevivientes de El Amparo son asistidos jurídicamente por las organizaciones de Derechos Humanos Provea y Red de Apoyo por la Justicia y la Paz. Para Marino Alvarado, Abogado y Coordinador General de Provea, la experiencia de países como Argentina y El Salvador demuestra que es posible, a pesar del paso del tiempo, realizar justicia en casos de violación a los derechos humanos. Según el abogado, el precedente de la reapertura del caso Yumare en los tribunales ordinarios abre una ventana para la obtención de justicia en este caso. Por su parte para Wollmer Pinilla, sobreviviente, a pesar de los 20 años el pueblo de El Amparo continúa esperando que se haga justicia y que se limpie el nombre de aquellos humildes pescadores que fueron asesinados sin ninguna consideración.

Laura Roldán, abogada de la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, afirmó que en el escrito presentado ante la doctora Luisa Ortega Díaz, Fiscal General del Ministerio Público, se solicitó la reapertura de las investigaciones de los hechos acaecidos el 29 de octubre de 1988, en el caño la Colorada; la adopción y realización en tiempo razonable todas las medidas necesarias para establecer la responsabilidad de los autores materiales, autores intelectuales, cómplices y encubridores; la adopción con carácter de urgencia todas las medidas necesarias para evitar que los responsables materiales e intelectuales evadan la justicia, y por último la adopción de las medidas de protección oportunas y adecuadas a favor de quienes realizaron la solicitud. La Fiscalía, por su parte, tiene la obligación de pronunciarse en un lapso de 30 días hábiles.