Red de Apoyo considera que continúa la impunidad en Venezuela

Caracas, 29 de octubre de 2008. A 20 años de la Masacre de El Amparo, La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz recuerda cómo sucedieron los hechos y exige que prosperen las investigaciones y que se realicen imputaciones, acusaciones formales y sanciones.

Hace 20 años el presidente Jaime Lusinchi, junto con el General Humberto Camejo Arias, jefe de la Guarnición Militar del Estado Táchira, anunciaban la muerte de 16 personas (supuestos guerrilleros). Desde el lugar de la masacre el general Oswaldo Sujú Raffo mostraba los cadáveres, como trofeos de guerra, a un grupo de periodistas. Luego se sabría que eran 14 pescadores conocidos de la población del Amparo, Estado Apure y que había dos sobrevivientes, Pinilla y Augusto Arias. 10 años después, aún cuando el estado venezolano había reconocido su responsabilidad internacional por esta masacre (11 de enero de 1995) y que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció en contra del gobierno venezolano obligándolo a indemnizar a los familiares de las víctimas, el poder judicial venezolano, declara inocentes a los 19 victimarios y acusa de mentirosos a los sobrevivientes diciendo que no estaban allí. Anteriormente el presidente Carlos Andrés Pérez cerró y prohibió la investigación sobre el Juez Militar Ricardo Pérez Gutiérrez, responsable de manipular la investigación.

Hoy, a pesar del anuncio de la reapertura del caso, del nombramiento de la Fiscal Aissami al frente de esta investigación y del pormenorizado y extenso informe realizado por la Comisión Permanente de Política Interior del Congreso, no se ha imputado, acusado o sancionado a los ex presidentes Jaime Lusinchi y Carlos Andrés Pérez, ni a los generales Camejo Arias, Sujú Raffo, Anner García, Vivas Quintero, entre otros autores intelectuales y encubridores, ni al ex juez Pérez Gutiérrez, ni siquiera a los autores materiales.

Si no se sanciona efectivamente a los responsables de las masacres de Cantaura (1982), Yumare (1986), El Amparo (1988), El Caracazo (1989), así como a los responsables de numerosas detenciones y desapariciones forzadas en los últimos 50 años, el Proyecto, actualmente en discusión en la Asamblea Nacional, de “Ley de extinción de la acción penal” que paraliza las causas penales anteriores al año 2000, que no tengan detenidos y que no se refieran a crímenes de narcotráfico o de violaciones a derechos humanos, será un verdadero monumento a la impunidad, ya que muchas causas de aquellos años están caratuladas bajo figuras que no necesariamente remiten a violaciones de derechos humanos pero que si se realizaran las investigaciones correspondientes pudiese comprobarse que sí lo fueron.

Esperamos que prosperen eficientemente las investigaciones y que pronto se realicen imputaciones, acusaciones formales y sanciones, aún antes de aprobarse la controvertida y lamentable “Ley de extinción de la acción penal” (aún en discusión) que pudiera convertirse en una ley de impunidad. La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz siempre estará al lado de las víctimas de antes y de ahora. Queremos Justicia.