El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) nació el 15 de octubre de 1988, el mismo año en que ocurrió la masacre de El Amparo. La arremetida contra un grupo de campesinos del caño La Colorada, en el estado Apure, fue el primer y más trascendental caso que asumió Provea. El sistema interamericano concluyó con la primera de las cinco condenas que acumula el Estado venezolano por violación de derechos humanos.
En el vigésimo aniversario de la ONG y de la masacre, la impunidad queda en evidencia con un dato preocupante: varias personas señaladas como autoras materiales de los asesinatos se desempeñan o se han desempeñado como funcionarios públicos.
Marino Alvarado, representante de Provea, precisó: el ex militar Omar Antonio Pérez Hudson, nombrado en 2002 director nacional de investigaciones de la Disip; Celso José Rincón Fuentes, nombrado también en 2002 subdirector y jefe de seguridad de la cárcel de Yare; Henry López Sisco, hasta hace menos de dos años asesor de seguridad del gobernador Manuel Rosales.
El que más alto ha llegado es el capitán de navío Ramón Rodríguez Chacín, quien fue inculpado por el caso de los "amparitos" y el 20 de junio de 1994 la Corte Marcial presidida por el general Ubaldo López Barrios le dictó auto de detención. Hasta hace pocos meses y por segunda vez fue ministro del Interior y Justicia.
En cuanto a los presuntos autores intelectuales de la masacre, Alvarado mencionó al general Humberto Antonio Camejo Arias, quien fue director de seguridad en la gestión del gobernador Antonio Rojas en el estado Bolívar; así como el coronel Enrique José Vivas Quintero, quien fue miembro del parlamento andino por el MVR y postulado por esta organización como rector al CNE.
El 24 de agosto, Provea solicitó la reapertura de las investigaciones sobre la masacre de El Amparo y apenas el martes 14 de octubre recibió la notificación de que el asunto quedó en manos de la fiscal Haifa el Aissami.
En un comunicado emitido ayer, se recordó que en el año 1988 Ligia Bolívar y Dianorah Contramaestre fundaron la asociación civil, sin fines de lucro, con el objeto de ofrecer apoyo integral gratuito a colectivos de personas cuyos derechos sociales eran atropellados.
Provea se ha distinguido por su trabajo de promoción y defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa área, exhibe logros como la atención a las víctimas de la intoxicación masiva ocurrida en el Hospital José Antonio Vargas del sector La Ovallera, en el estado Aragua, y a los niños cardiópatas del J.M. de Los Ríos; y las recientes peticiones al Tribunal Supremo de Justicia a favor de los adjudicatarios de viviendas de las comunidades de Nueva Tacagua y Ciudad Miranda.
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