Fotoreportaje: El Amparo, 20 años después de la masacre

Ubicado a 950 kilómetros de Caracas cerca de la ciudad de Guasdualito, en la región conocida como el Alto Apure, El Amparo se encuentra en la frontera con Colombia tan solo separada por el Arauca. Para llegar al pueblo, hay que atravesar durante varias horas llanuras donde la única actividad visible es la ganadería.


En el lugar de la masacre, conocido como el caño La Colorada, a treinta minutos de El Amparo, Wolmer Pinilla (izq.) y José Augusto Arias (der.) relatan al equipo de Provea como lograron escaparse hace 20 años del operativo planificado por los integrantes del Comando Especial José Antonio Páez (Cejap). Hoy día los responsables de la Masacre se encuentran aún en libertad.


Provea, a través del abogado Antonio Puppio y el sociólogo Rafael Uzcátegui, realizaron un viaje a El Amparo para acompañar las víctimas en su afán de reclamar el fin de 20 años de impunidad.


Wolmer Pinilla recuerda el momento cuando los 16 amigos salieron en el río Arauca para ir a pescar y compartir para comer un sancocho. Varias horas más tarde, 14 de ellos fueron asesinados brutalmente.


El Amparo, situado a la orilla del Río Arauca, es un poblado de cinco mil habitantes que vive del comercio entre Venezuela y Colombia, siendo la vía fluvial la artera más frecuentemente utilizada.


Al igual que hace 20 años, los habitantes del poblado se quejan de la desidia en que se encuentra su lugar de residencia: desempleo, insalubridad y sobretodo inseguridad son las preocupaciones que se oyeron con más frecuencia por parte de los lugareños.

Hoy día, José Augusto Arias se encuentra desempleado, no tiene vivienda y reside en una bodega de un amigo ubicada a la orilla del río Arauca. Luego de la sentencia de la Corte Interamericana condenando los hechos, los sobrevivientes recibieron una suma estimada en 18 millones de bolívares.


A algunos de los familiares de las víctimas, les fueron entregadas humildes y precarias viviendas que carecen de los servicios básicos como red de cloacas, servicio de aseo, suministro continuo de agua y electricidad. En esa época las casas fueron construidas en tan sólo tres semanas.


Algunos familiares (de izquierda a derecha: Moira Guerrero, Noira Modesta López, Maria Felipa Bello de Torrealba) siguen organizados para exigir justicia y piden que 20 años después de la masacre, los crímenes que arrebataron a uno de los suyos no queden impunes.

Las consecuencias del conflicto colombiano no han tenido frontera y han precipitado miles de refugiados y refugiadas, muchos de ellos niños y niñas, al exilio, obligados muchas veces a permanecer en los pueblos venezolanos fronterizos y enfrentar condiciones extrema de pobreza.


En ese panorama fronterizo típico de la región, la tranquilidad de la fauna y la magnitud de los paisajes lucen surrealistas al lado de las principales preocupaciones y condiciones de vida de los habitantes, exigencias que hace 20 años el gobierno nacional ha logrado aprovechar para justificar numerosos abusos de los derechos humanos en el Alto Apure.

Realizado por Lorenzo Labrique