La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), magistrada Luisa Estella Morales; y la defensora del Pueblo, Gabriela Ramírez, le salieron al paso a las críticas lanzadas desde la Asamblea Nacional al fallo de la Sala Constitucional que le restituyó a los presos por robo, homicidio, secuestro, violación y narcotráfico la posibilidad de disfrutar de beneficios procesales y medidas alternativas de cumplimiento de pena.
"Nuestras sentencias son, como bien se expresa en el término más castizo de la palabra, sentencias y son para cumplirlas", afirmó Morales cuando se le consultó sobre los cuestionamientos que la presidenta del Parlamento, diputada Cilia Flores, lanzó al dictamen que suspendió parte de la reforma que en 2005 realizó el Legislativo al Código Penal.
La vocera del ente rector del Poder Judicial ofreció ayer unas breves declaraciones desde el Panteón Nacional, adonde acudió junto al presidente de la Corte Suprema de Rusia, Viacheslav M. Lebedev, a colocar una ofrenda floral ante el sarcófago que guarda los restos del Libertador Simón Bolívar.
Al ser interrogada sobre las constantes objeciones que reciben de parte de los diputados por dejar sin efecto y modificar aquellas normas que han calificado de inconstitucionales, Morales ripostó: "Nuestra potestad constitucional está establecida en la Carta Magna y la hemos ejercido con total independencia. La Sala Constitucional cada vez que debe revisar algún tipo de texto, bien sea constitucional o alguna situación que pudiera violar derechos fundamentales, lo ha hecho con toda libertad y autonomía. Esa seguirá siendo nuestra línea".
Pese a que este mismo año la Sala Constitucional ya anuló y reescribió varios artículos de la Ley Orgánica de la Defensa Pública, por contradecir normas del texto fundamental, la presidenta del TSJ rechazó hacerle ningún llamado de atención a los parlamentarios.
La defensora Ramírez también aplaudió la sentencia, a la cual no dudó en tildar de "positiva, progresiva y garantista".
Al instalar el taller "Papel de la Defensoría del Pueblo en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (Lopna)", realizado ayer en el hotel ALBA Caracas, la garante de los derechos humanos de los venezolanos ripostó a quienes temen que la resolución implique la excarcelación de cientos de criminales peligrosos.
"Ese tipo de aseveraciones de que van a salir los delincuentes de alta peligrosidad es el desconocimiento mismo, porque supone pensar que la persona que ha cometido un delito o una falta es incapaz de ser resocializada o reeducada", afirmó, al tiempo que agregó: "Todos los sectores debemos aplaudir la decisión, pues los centros de reclusión no son centros de olvido o depósitos humanos".
Ramírez sostuvo que la reforma al Código Penal que hace tres años hicieron sus otrora colegas vulnera el espíritu y letra de la Carta Magna. En esa ocasión los diputados defendieron la supresión de los beneficios para los procesados y condenados por delitos graves, alegando que así se combatiría la criminalidad.
Aunque respaldó el accionar del Máximo Juzgado, la defensora criticó que la Sala de Casación Penal hubiera desechado el recurso de interpretación con el que ella buscaba también favorecer a los reos y denunció que en el escrito se desconocen las potestades que la ley le otorga al despacho que dirige.
Extraido del Universal. 25.04.08
http://www.eluniversal.com/2008/04/25/pol_art_tsj-y-defensoria-des_834774.shtml
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