Red de Apoyo por la Justicia y la Paz deplora expulsión de integrantes de Human Rigth Watch

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz deplora expulsión de integrantes de Human Rigth Watch y exige respeto a la legalidad y al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos.

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos en Venezuela desde el año 1985, desea hacer pública su posición en torno a la reciente expulsión del país de dos representantes de la organización no gubernamental Human Rigth Watch.

En tal sentido consideramos la expulsión de estos ciudadanos como una arbitrariedad y un acto reñido con el marco legal vigente en Venezuela. La Ley de Migración y Extranjería, aprobada en el año 2004, en sus artículos 39 al 44 es clara en cuanto a las causales de expulsión y a los procedimientos a seguir en tales casos, así como los derechos que asisten a las personas que se ven afectadas por la decisión de expulsión. Dichos procedimientos y derechos han sido grotescamente vulnerados en este caso con la expulsión forzada de los señores Vivanco y Wilkinson, dejando en entredicho la declamada vocación pluralista y la capacidad de tolerancia democrática del actual gobierno frente a quienes realizan algún tipo de análisis crítico o denuncias sobre su gestión en materia de derechos humanos.

La decisión irreflexiva de expulsión de estos ciudadanos atenta contra la Declaración de Defensores de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (1998), sienta un grave precedente de persecución a las expresiones de disidencia o crítica en el campo de los derechos humanos, desconoce el carácter universal y trascendente a las fronteras nacionales que tienen los derechos humanos y genera para el propio gobierno un efecto negativo, ya que fortalece a nivel internacional la visión de que el actual gobierno no es respetuoso de los mismos.

Exhortamos al Ejecutivo Nacional a analizar y asumir responsablemente las consecuencias de este tipo de decisiones y a respetar el ordenamiento jurídico, garantizando efectivamente los derechos humanos de las personas que expresan democráticamente sus disidencias con el gobierno y, en el caso de quienes sufren una expulsión del territorio nacional, garantizarles el debido proceso tal y como lo ordena el marco constitucional y legal vigente.

Caracas, 23 de septiembre de 2008