Nuevos casos de violencia sindical reviven debilitamiento de las organizaciones gremiales

(Richard Gallardo, foto Aporrea)

El pasado 28.11.08 fueron asesinados en el estado Aragua los dirigentes sindicales Richard Gallardo, Luis Hernández y Carlos Requena, miembros de la Unión Nacional de Trabajadores (UNT). El ministro para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, declaró se había detenido al presunto autor material del triple homicidio, cuyo nombre es Julio César Arguinzones, venezolano de 31 años, quién cometió el crimen por encargo. El Aissami afirmó que la investigación está muy adelantada y en las próximas horas esperaban detener al autor intelectual. A pesar de que el ministro fue cauteloso en revelar el nombre del presunto autor intelectual, toda vez que las investigaciones estaban en marcha. Sin embargo, señaló que "el móvil que más fuerza cobra sería apoderarse del manejo sindical del área de bebidas gaseosas. Es un homicidio por encargo". (YVKE Mundial, http://www.radiomundial.com.ve/yvke/noticia.php?15605, 04.12.08).

Provea ha venido expresando su preocupación por la violencia entre los diferentes organizaciones sindicales por la obtención de puestos de trabajo. En su Informe 2006-2007 acerca de la Situación de los Derechos Humanos en Venezuela, se registraron que durante el período por lo menos 53 personas fueron asesinadas en hechos relacionados a este tipo de conflictos. Este tipo de violencia, a juicio de Provea, constituye una señal preocupante del debilitamiento de la organización sindical, lo cual representa una amenaza para que los trabajadores y trabajadoras puedan defender sus derechos, pues las pugnas se han caracterizado por la sistemática violación del derecho a la vida, mediante la modalidad del sicariato, lo cual ha agravado el clima de violencia e inseguridad en el país. Provea exige a las autoridades celeridad y transparencia en la investigación y sanción de los responsables de estos recientes fallecimientos, así como del resto de casos que reposan en las oficinas del Ministerio Público y de los funcionarios policiales.