Foro por la Vida acompaña a familiares del Caracazo en su lucha por justicia

A 20 años del 27-F
Foro por la Vida acompaña a familiares del Caracazo en su lucha por justicia

Caracas, 27 de febrero de 2009. El Foro por la Vida, coalición de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, expresa su apoyo a los familiares de las víctimas de los sucesos ocurridos entre el 27 de febrero y primeros días de marzo de 1989, conocidos como El Caracazo, en sus aspiraciones de justicia luego de 20 años de total impunidad.

Luego de las protestas y situaciones de violencia que se generaron como consecuencia de medidas económicas tomadas durante los primeros días del segundo mandato de Carlos Andrés Pérez, en los hechos conocidos como El Caracazo, resultaron afectadas un número todavía indeterminado de personas, que en su mayoría fueron asesinadas, lesionadas o desaparecidas por funcionarios de la Policía Metropolitana y el Ejército e inhumadas en fosas clandestinas por las autoridades de la época.

Ante la falta de justicia en instancias internas las familiares de las víctimas y los sobrevivientes, integrados en el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos entre febrero y marzo de 1989 (COFAVIC), denunciaron los hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 1995. Después de que el Estado venezolano asumió su responsabilidad acerca de los hechos ocurridos la Corte Interamericana, sentencio reparaciones en el año 2002, dejando establecido que el Estado debe investigar, identificar y procesar a las personas responsables de los hechos; localizar, identificar y entregar a sus familiares los restos de las víctimas, además de tomar medidas necesarias para la no repetición de los hechos, entre éstas formación y capacitación en temas de derechos humanos para miembros de cuerpos armados y de seguridad; así como el ajuste de planes en el control del orden público, con énfasis en el respeto a la vida e integridad personal.

Como lo ha denunciado (el movimiento de ddhh) en reiteradas ocasiones, el Estado no ha cumplido integralmente sus obligaciones y la totalidad de los casos permanecen hoy en la más absoluta impunidad. Las organizaciones agrupadas en el Foro por la Vida, en esta fecha emblemática para el nacimiento y el impulso del movimiento de derechos humanos en el país, considera impostergable el cumplimiento de la sentencia relacionada con los hechos de El Caracazo, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Aun cuando el Estado venezolano honró sus compromisos con relación al pago de las indemnizaciones a los familiares de las víctimas, así como con la publicación de los puntos resolutivos de la sentencia; no ha cumplido con la reparación integral a las víctimas, a sus familiares y a la sociedad. }



El Foro por la Vida exhorta al Estado:
1.- A que dedique voluntad y recursos a la investigación de los hechos,
2.- La identificación y sanción de los responsables para que sean puesto a la orden de la justicia venezolana y
3.- Identificación de los cadáveres que se encuentran en los nichos de La Peste en el Cementerio General del Sur.
4.- Por último, rechazamos el sesgo publicitario transmitido por la Defensoría del Pueblo en estos días por medios televisivos, en torno a los sucesos del Caracazo y exhortamos a dicha institución a convocar una reunión con víctimas sobrevivientes y familiares de víctimas, a fin de explicar las gestiones realizadas por la misma durante estos últimos 10 años para evitar la impunidad de estos hechos.

Suscriben

Acción Ciudadana Contra el Sida (ACCSI),
Caritas de Venezuela,
Caritas Los Teques,
Centro para la Paz y los Derechos Humanos UCV,
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello,
Comisión Justicia y Paz del Secretariado Conjunto de Religiosas y Religiosos de Venezuela (SECORVE),
Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos del 27 de Febrero y Marzo del 89 (COFAVIC),
Espacio Público,
Fundación de Derechos Humanos del Estado Anzoátegui,
Observatorio Venezolano de Prisiones,
Programa Venezolano de Educación,
Acción en Derechos Humanos (PROVEA)
Vicaría Episcopal de Derechos Humanos de la Arquidiócesis Caracas.
Servicio de Jesuita a Refugiados

180 cupos de residentes vacíos

180 cupos de residentes vacíos
Hospitales como el Universitario, Pérez Carreño y Magallanes sufren el déficit

La situación es crítica. José Ramón García, director saliente de la Comisión de Estudios de Postgrado de la Facultad de Medicina de la UCV, no tiene otro adjetivo para la circunstancia que viven actualmente. Y es que de acuerdo con las cifras generadas por este departamento, el número de médicos inscritos en 2008 para postular por uno de los 137 programas de especializaciones tuvo una disminución de 52% con respecto a la convocatoria realizada en el año 2002. Frente a este panorama, por primera vez en 68 años la Comisión de Postgrados se vio obligada a realizar tres convocatorias para llenar los cupos que quedaron vacíos en especialidades como Medicina Interna y Crítica, Nefrología, Pediatría y Neonatología, siendo éstas las más afectadas por el déficit de postulantes. Pero a pesar del tercer intento, quedaron 180 puestos vacíos en las residencias de los hospitales capitalinos de los 768 cupos ofrecidos, cifra que preocupa a las autoridades y que puede aumentar, pues muchos han presentado su renuncia. A juicio de García, la disminución de postulantes afecta la calidad del concurso y obliga a que 70% de los cupos de postgrados se entreguen por asignación y no por el resultado de un proceso de selección. Según los números que maneja la Universidad Central, la matrícula en los estudios de pregrado en los últimos años se ha mantenido y en promedio se gradúan cada año 1.500 médicos cirujanos en todo el país (300 en las escuelas Razetti y Vargas). Es por esta razón que las autoridades se dedicaron a buscar las razones por las que la cifra de postulados a residencias sigue apuntando hacia la baja. El informe especial presentado por la Comisión de Postgrado al Consejo de Facultad señala que las deficiencias en la infraestructura y la falta de insumos de los hospitales influyen en la disminución, así como también el bajo salario que reciben, el cual se calcula en 1.200 bolívares fuertes mensuales, siendo que 64% de los residentes proviene del interior del país y debe pagar por su estancia en Caracas. Igualmente, el éxodo de galenos al exterior agrava la crisis. Se estima que 20% de los recién graduados aplican para programas de postgrado fuera del país. De acuerdo con Douglas León Natera, presidente de la Federación Médica Venezolana, España se ha convertido en uno de los destinos más buscados por los médicos para hacer especializaciones. "En España hay más facilidades para homologar los títulos, el idioma ya lo manejan y los sueldos se ubican entre 4.000 y 6.000 euros", explica Natera, quien agrega que Australia, Canadá, Portugal, Estados Unidos y Chile le siguen en la lista de los países más buscados. Y en la práctica, son los pacientes los que más sufren. Según explica Huníades Urbina, jefe de Emergencia del Hospital JM de los Ríos, al faltar residentes la rotación en los servicios no se hace completa y se recarga al galeno de ocupaciones y disminuye la capacidad de atención de los casos. "Si hay menos residentes y cada vez hay más pacientes, a cada uno de ellos se les dedica menos tiempo", dice. Entre los centros de salud más afectados por la ausencia de residentes destacan hospitales que son referencia y que suelen atender un importante flujo de pacientes. El hospital José Gregorio Hernández de Los Magallanes de Catia afronta este año un serio déficit en el área de Medicina Interna y Pediatría. Para cada una de las especialidades se requería 18 residentes y sólo se postularon dos. Igualmente, hospitales reconocidos por sus servicios en terapia intensiva como el Universitario y el Pérez Carreño también se enfrentan a la escasez de personal.

Fuente: http://www.eluniversal.com/

Desempleados reclaman puestos de trabajo en Piar

Más de 300 hombres y mujeres sin empleo en el municipio Piar salieron este miércoles a las calles, con el fin de realizar una caminata hasta la Alcaldía y exigirle al burgomaestre, Gustavo Muñiz, que cumpla su promesa de ubicarlos en la reactivación de obras de la ciudad. Luis Muñoz, vocero de los manifestantes, aseguró que de no recibir respuesta urgente seguirán organizando manifestaciones para lograr tener un trabajo digno.

Upata.- Un grupo de desempleados del municipio Piar realizó una caminata desde la Plaza Aniversario de la capital de Piar hasta el Ayuntamiento, este miércoles, con el fin de denunciar los supuestos engaños de los que han sido objeto por parte del alcalde Gustavo Muñiz.
Más de 300 hombres y mujeres tomaron las principales calles del centro de la ciudad, con el objetivo de exigir al administrador local que cumpla su palabra que en materia laboral había prometido en los primeros días de su gobierno.
Luis Muñoz, dirigente sindical de los desempleados de la construcción, manifestó que funcionarios de la Fundación Yocoima, empresa municipal, están desmejorando los beneficios contractuales de los trabajadores, al realizar obras que competen a los desempleados del municipio.
"Estamos pidiendo al alcalde Gustavo Muñiz que nos atienda, que nos permita un espacio para abrir el diálogo y encontrar solución a nuestra situación", añadió.
Derechos violados El dirigente sindical sostiene que están tomando las vías ante "la constante violación" de sus derechos como trabajadores y no han sido tomados en cuenta por la actual administración.
"El director general de la Alcaldía de Piar manifestó que las obras inconclusas la construirá con la empresa municipal, dejando por fuera a gran número de desempleados, al no darnos oportunidad de trabajar con ellos", aportó.
La masa de desempleados manifestó que entregarían un escrito a la Alcaldía de Piar, donde piden trabajar en la culminación de varias obras paralizadas en la ciudad.
Varios consejos comunales se sumaron a la caminata pacífica de los padres de familia, entre ellos, representación de las parroquias y sectores rurales como El Retumbo.
También resaltaron la situación del proyecto Presa Derecha, donde el 84% de los empleos deberían pertenecer al municipio, pero "a la fecha no han obtenido una respuesta satisfactoria por parte de la empresa".
Trabajadores reprimidos
José Grillet, vocero de los obreros, denunció que las autoridades policiales de Piar reprimen a los trabajadores "violentando su derecho de exigir un empleo digno. El comisario de la Policía nos persigue a nosotros los líderes sindicales como si fuéramos delincuentes".
Grillet dijo que si no hay respuesta por parte de las autoridades locales en los próximos días, estarán sumándose nuevas voluntades a sus peticiones, realizando manifestaciones de calle como medida de protesta ante la situación de desempleo que se vive en Upata.

Fuente: http://www.correodelcaroni.com/content/view/119977/1/

Continúa paro en Masisa

El conflicto en Masisa por el supuesto incumplimiento de la mejora en los beneficios establecidos en la cláusula 35 y 36 del contrato colectivo, relacionado con bono de producción y por asistencia, se extiende en vista de que la empresa no ha dado respuesta alguna a los trabajadores.
Santiago Mollegón, secretario general del Sindicato de Nacional Único de Trabajadores Profesionales de Maquinaría Pesadas y Conexos (Sompea), manifestó este miércoles que el turno de 7:00 de la mañana a 3:00 de la tarde y el de 3:00 a 11:00 de la noche permanecían en sus puestos de trabajo pero sin laborar, esto es espera de una respuesta de la compañía que se encarga de procesar madera de pino Caribe.
"Hoy -miércoles- vino un tribunal a hacer una inspección, pero la empresa no envió a su personal de nómina mensual. No sabemos por qué, pero nuestra gente estaba en sus puestos de trabajo. La empresa está pidiendo la suspensión del paro, pero tenemos que vayamos a perder el brinco, así que necesitamos algo en concreto, una respuesta a nuestras peticiones", precisó.
Dijo el secretario general que de no haber una señal de parte de Masisa, más tardar en la noche de este miércoles, la respuesta será para el jueves, eso si tienen suerte, porque la empresa les pidió cesar la protesta para sentarse el venidero martes.
"No hay nada concreto, ellos nos dicen que para el martes, pero y si no es así. Necesitamos una salida, sino seguiremos aquí. Esta noche devolveremos al turno de 11:00 a 7:00 de la mañana, que son poquitos. La empresa nos dice que por lo menos permitamos el despacho de material ya listo, pero si cedemos ahora podemos perder, vamos a seguir hasta que tengamos lo que queremos".

Fuente: http://www.correodelcaroni.com/content/view/119951/149

Otro crimen sindical en Bolívar

Un obrero del tercer puente sobre el Orinoco y ex integrante de un sindicato de la construcción murió este sábado, luego de que tirotearan el carro donde iba en El Guamo, de Puerto Ordaz. Con este ya van tres crímenes relacionados con el sector construcción en lo que va de año.

Un muerto y dos heridos fue el saldo que arrojó un tiroteo contra supuestos ex sindicalistas la tarde de este sábado, en la urbanización Tepuy del sector El Guamo de Puerto Ordaz.
El fallecido respondía al nombre de Alexander David Zambrano Santos, de unos 35 años de edad, y era apodado “el Gordo”, según informó su padre, Rafael Zambrano, a los cuerpos policiales.
Fuentes policiales informaron que al parecer, el ex sindicalista se disponía a salir del sector acompañado de dos sujetos, en una camioneta Eco, Sport, color gris, placas FBM-92J, cuando fueron interceptados por un vehículo pequeño, color vinotinto, del cual bajaron los asesinos y procedieron a iniciar la balacera.
Según cuentan testigos, los agresores realizaron disparos hacia el auto hiriendo al conductor y a uno de los acompañantes que, en medio de la lluvia de balas, lograron salir huyendo del lugar. Zambrano se quedó en la parte trasera del auto, donde recibió las heridas que le provocaron el deceso.
El carro mostraba a simple vista 25 impactos de bala entre el parabrisas y la puerta del conductor. Se pudo observar que el cuerpo recibió los impactos en la parte baja de la espalda.
Los otros dos heridos que iban en el auto junto al fallecido quedaron identificados por las autoridades como Darwin Núñez, de 32 años de edad, y Ronny González, de 23 años, quienes recibieron cuatro y dos impactos de bala, respectivamente.
Los lesionados fueron llevados hasta el Hospital Uyapar a las 5:00 de la tarde, lugar donde los cuerpos policiales facilitaron la información. Al parecer, Darwin Núñez posee antecedentes penales.
Siguen los conflictos Según fuentes no oficiales, Alexander Zambrano pertenecía al Sindicato Único de trabajadores de Bolívar, Sutrabolívar, y prestaba servicios en el proyecto del III puente sobre el Río Orinoco, en Caicara del Orinoco, estado Bolívar.
Las autoridades sospechan que el crimen esté relacionado con pleitos sindicales, aunque aparentemente el fallecido ya no pertenecía al grupo gremial, al igual que sus acompañantes.
Al lugar del crimen llegaron el padre y los hermanos de la víctima, a quienes se les escuchaba decir en repetidas ocasiones que le habían dicho “que no saliera, yo le dije que no saliera”. Dijeron que era padre de una niña.
El cuerpo fue trasladado a la morgue del Hospital Uyapar a las 6:10 de la tarde, donde le iban a realizar los análisis correspondientes.
Sumando
El fallecimiento de Alexander David Zambrano Santos sería la segunda muerte que se da en el año en medio de pleitos entre sindicalistas y conflictos laborales en el territorio guayanés.
El pasado martes en el Hospital Dr. Raúl Leoni de Guaiparo perdió la vida Néstor Ramón Montilla Sandoval, delegado de Sinatracom, luego de que varios hampones lo abordaran en el centro asistencial.
También Nelson Jaramillo, quien era dirigente de Sinatracom-Bolívar y coordinaba obras en el oriente del país, fue ultimado en Güiria, estado Sucre a principios de este año.

Correo del Caroní 08.02.09

¿Y NO IMPORTA EL ASESINATO DE DOS OBREROS?

La polarización en la cual se desenvuelve la vida del país tiene día a día consecuencias muy graves, tristes y preocupantes. Un ejemplo de ello es lo ocurrido con el asesinato por parte de la policía del estado Anzoátegui de los obreros Gabriel Marcano Hurtado y Pedro Suárez, el primero, trabajador de la ensambladora MMC Automotriz de Barcelona, y el segundo, empleado de la compañía Macusa, ocurridas la tarde del jueves 29 de enero.

Los trabajadores participaban de una protesta cuando fueron atacados por los funcionarios, quienes de manera "eficiente" pretendían cumplir la orden judicial de desalojo de los trabajadores que habían tomado la ensambladora MMC Automotriz. Más allá de las declaraciones formales de algunos diputados de la Asamblea Nacional en el sentido de que se abrirán las investigaciones y voces aisladas de sindicalistas, estos asesinatos pasaron casi desapercibidos. Los dirigentes estudiantiles tanto simpatizantes del gobierno como opositores al gobierno, nada dijeron. No vimos en la concentración realizada por el oficialismo el 2 de febrero pancartas exigiendo justicia. La dirigencia sindical del país asumió el hecho con sorprendente indiferencia. No hemos visto a la dirigencia política opositora pronunciarse de manera contundente frente a tal hecho.

La muerte de dos obreros pareciera no importar. Hace muchos años no se asesinaba a un trabajador en medio de una protesta laboral. El año pasado los trabajadores en Guayana recibieron "gas del bueno" y "perdigones de los buenos" en varias oportunidades e incluso hubo heridos de bala, pero afortunadamente nadie falleció. En otras circunstancias distintas en el país, el asesinato de estos dos trabajadores hubiera producido grandes manifestaciones estudiantiles y de trabajadores. Así ocurría en el pasado en la llamada "cuarta república". Es lamentable que muchos dirigentes políticos de oposición y oficialistas que hicieron vida política al calor de la lucha de calle hoy guarden silencio frente a la represión, la criminalización de la protesta y estos asesinatos.

Vaya mi reconocimiento a la actitud asumida por el gobernador Tarek William Saab, quien actuó con rapidez facilitando las investigaciones y exigiendo que el caso no quede impune. También que por iniciativa propia haya planteado indemnizar a los familiares de las víctimas.

Esa debería ser la actitud de cada gobernador si hechos como estos se repitieran. Pero para que ello no ocurra los gobernantes, incluyendo el propio gobernador de Anzoátegui, deben ser exigentes y cumplir las normas que establecen que los policías no pueden ir armados al control de manifestaciones. Es ya común ver, por ejemplo, a la Guardia Nacional controlando manifestaciones portando fusiles y a policías con sus armas de reglamento.

Queda ahora en manos de la Fiscalía adelantar todas las investigaciones necesarias para que el asesinato de los dos obreros no quede impune. Desde aquí nuestra solidaridad con los familiares.


Marino Alvarado
Coordinador General de Provea

Tal cual 06.02.09

COFAVIC. COMUNICADO

COFAVIC RECHAZA EL USO DESPROPOCIONAL DE LA FUERZA
PÚBLICA

Caracas, 22 de enero de 2009. El Comité de familiares y víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (COFAVIC) rechaza de manera contundente el uso desproporcional de la fuerza pública contra las manifestaciones de los últimos días ocurridas en Caracas y otras ciudades del país; así como la presentación ante los tribunales de las personas que están ejerciendo el derecho a la manifestación pacífica. Los cuerpos de seguridad del Estado venezolano están en la obligación de garantizar la vida, integridad física y las garantías constitucionales de todos los ciudadanos, sin distinciones de ningún tipo. La actuación de los funcionarios encargados de la seguridad y el orden público está sujeta a regulación constitucional e internacional, entre las cuales son particularmente claras las normas contenidas en el Código de las Naciones Unidas para Funcionarios Encargados de Cumplir la Ley y las Reglas sobre Uso de Fuego por Funcionarios encargados de Cumplir La Ley. Las autoridades venezolanas deben garantizar la protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, muy especialmente en las circunstancias en que se necesario el resguardo del orden público. En ese sentido, COFAVIC rechaza públicamente: 1. El uso desproporcionado de los implementos anti-motín por los cuerpos de seguridad del Estado con uso indiscriminado y masivo de gases lacrimógenos de alta concentración y efecto residual; así como el uso de perdigones a corta distancia y actos de violencia prohibida expresamente por el derecho internacional de los derechos humanos. 2. La presunta actuación de civiles armados que atacaron a grupos de personas reunidas en el Ateneo de Caracas, creando graves problemas de seguridad a todos los empleados y visitantes de este recinto y serios destrozos a este importante e histórico espacio cultural de la ciudad de Caracas y a la movilización estudiantil que tenía la intención de llegar hasta el Tribunal Supremo de Justicia. 3. Las detenciones arbitrarias que buscan criminalizar el derecho a la protesta. Según información publicada en un boletín emitido por el Ministerio Público, han sido presentadas 45 personas que participaban en las marchas y movilizaciones de los estudiantes, ante los juzgados de control de Caracas y Sucre. En Cumaná, los tribunales de control ordenaron libertad plena de las 40 personas detenidas por los cuerpos policiales. En Caracas, el Ministerio Público imputó a 4 estudiantes por la presunta comisión de los delitos resistencia a la autoridad y lesiones genéricas en perjuicio de un funcionario policial. Todos quedaron con régimen de presentación y medidas cautelares. COFAVIC insta al Ministerio Público a revisar los procedimientos aplicados y a desarrollarlos de acuerdo a los estándares mínimos de respeto a las garantías judiciales indispensables. 4. El sometimiento de civiles ante la jurisdicción militar. Es del conocimiento público que los estudiantes Luis Magallanes y Ramón Bravo serán pasados a los tribunales militares por el delito de agresión a un símbolo patrio y a un soldado en el estado Carabobo, tal y como han reseñado importantes medios de comunicación de esa entidad. De concretarse esta actuación, se estaría violando de manera contundente el principio del juez natural que se encuentra establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los principales tratados internacionales de derechos humanos suscritos por la República, por lo que se hace un llamado a los diferentes operadores de justicia para que las personas civiles que puedan estar incursos en la comisión de un delito sean presentados ante la jurisdicción penal ordinaria que es la única instancia competente para conocer estos delitos. COFAVIC recuerda a los funcionarios militares y policiales del Estado venezolano que: 1) Son responsables penal, administrativa y civilmente por las muertes y lesiones que causen a cualquier persona cuando no concurran las circunstancias que configuran el Estado de Necesidad o la Legítima Defensa. 2) Que las acciones para juzgar y condenar los delitos graves contra los derechos humanos no prescriben. 3) Que no pueden alegar como excusa órdenes superiores para perpetrar abusos contra la población. 4) Que como funcionarios públicos están al servicio de la República y sus ciudadanos y no de parcialidad política alguna. COFAVIC se permite resaltar a las autoridades del Estado venezolano que su responsabilidad se ve comprometida tanto por sus acciones lesivas a los derechos de la persona humana como por sus omisiones en la prevención, investigación y sanción de las violaciones a los derechos fundamentales. Por ello lo exhorta a investigar de manera independiente todas las denuncias que se efectúen de abusos en contra de los derechos fundamentales. Igualmente el Estado está en la obligación nacional e internacional de respetar los derechos humanos de aquellas personas que han sido detenidas durante los hechos mencionados anteriormente. En especial el respeto a la integridad física y el derecho a un debido proceso en el cual se contempla las garantías pertinentes a todo ciudadano frente a tribunales imparciales y competentes, así como su derecho a la defensa, establecidos en el artículo 49 constitucional y en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Finalmente, COFAVIC denuncia y rechaza toda forma de confrontación violenta en la población venezolana, por ello se hace un llamado urgente a la población en general a mantener el respeto a la vida, la integridad física y moral, la propiedad, el libre tránsito y todos los derechos de sus conciudadanos. Ante la radicalización de la violencia, se insta nuevamente a todas las opciones políticas a asumir el proceso de diálogo y promover la tolerancia política con la urgencia y la premura que la situación del país requiere, sobreponiendo para ello los intereses colectivos a los grupales o individuales. Con profundo dolor y frustración vemos como a 20 años de los hechos de El Caracazo, en la sociedad venezolana persisten graves problemas de derechos humanos que surgen por la falta de una política de Estado que adecúe los mecanismos de control del orden público a los estándares internacionales y a lo establecido en nuestra Constitución. Es igualmente doloroso que algunos funcionarios del Estado venezolano, formalmente comprometidos a tomar todas las medidas necesarias para proteger y garantizar los derechos humanos, asuman un discurso represivo que no puede ser justificado en ninguna circunstancia alegada y que rememora la conducta de la administración vigente en 1989 durante los sucesos del Caracazo. FIN

Permiso para manifestar

Ante las reiteradas protestas observadas en el país en los últimos días, diferentes actores de la vida nacional, políticos, funcionarios policiales, trabajadores, estudiantes, ministros, entre otros, han hecho innumerables planteamientos con respecto a la pertinencia o no de salir a la calle para expresar alguna inconformidad con el desarrollo de la coyuntura venezolana.

Es por ello, que intentaremos hacer un breve análisis, en lógica de derechos humanos, con el fin de aclarar algunas dudas que pudiesen estar nublando el panorama colectivo.

Cuando hablamos de manifestaciones pacíficas, nos referimos a un derecho humano, el Derecho Humano a la Manifestación Pacífica. Consagrado en el Artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde se establece que “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otro requisito que los que establezca la ley”, es decir, nuestra carta magna garantiza este derecho en plena concordancia con la legislación internacional. Asimismo, en el Artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se garantiza que “Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas”. Es importante destacar que el Estado Venezolano ha suscrito diferentes tratados internacionales en materia de derechos humanos, en los que se compromete a garantizar y promover su fiel cumplimiento. Por tanto son plenamente exigibles por la sociedad Venezolana.

Para ejercer nuestro derecho a la manifestación pacífica, no es necesario pedir una autorización. Y esto es significativo, ante las reiteradas declaraciones de representantes gubernamentales, quienes han afirmando que se debe solicitar, y esperar, un permiso por parte de las autoridades civiles. El Artículo 38 de la ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas, y Manifestaciones, establece que “Los organizadores de reuniones públicas o manifestaciones deberán participarlo con veinticuatro horas de anticipación cuando menos, por escritos duplicados, en horas hábiles, a la primera autoridad civil de la jurisdicción con indicación del lugar o itinerario escogido, día, hora y objeto general que se persiga”. Por lo tanto, y como se evidencia en esta ley que rige las manifestaciones pacificas, solo se debe notificar, por medio de un proceso administrativo y sin mayores complicaciones, a las autoridades civiles, para que el Estado a través de sus organismos, garantice la seguridad ciudadana de manifestantes y terceros, en un ambiente de paz y tranquilidad.

En cuanto a las actividades desempeñadas por los organismos de seguridad en el control de las protestas pacificas, relevamos que el Artículo 68 de nuestra Constitución, es lo suficientemente claro y específico al afirmar que “Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas”, por tal motivo, solo con la presencia de funcionarios armados en el contexto de una manifestación, es una flagrante violación de la constitución y de este derecho humano, mucho más cuando los funcionarios hacen uso de armas de fuego y sustancias toxicas (gases lacrimógenos), para “controlar” manifestaciones de carácter pacífico.

El derecho a manifestar pacíficamente es inherente a la búsqueda de una mejor calidad de vida, y nos permite alzar la voz de protesta cuando las instituciones y quienes las administran olvidan que su labor principal es trabajar a favor del colectivo.

Marco Antonio Ponce
Investigador del Derecho Humano a la Manifestación Pacífica

Instan al Ministerio Público a velar por el debido proceso y a garantizar el derecho a la justicia

Instan al Ministerio Público a velar por el debido proceso y a garantizar el derecho a la justicia consagrado en la Constitución

CONVOCAN FAMILIARES Y VíCTIMAS DE MALA PRAXIS MÉDICA
A EXIGIR JUSTICIA

Afectados y familiares de afectados por el anormal funcionamiento del servicio de salud, organizados en el Comité Popular de Observadores del Servicio de Salud (COSS), exigen la garantía del Derecho a la justicia, y convocan a una concentración el miércoles 21.01.09, a las 10:00 AM., frente a la sede principal del Ministerio Público

Un llamado a las autoridades del Ministerio Público para dar celeridad a las investigaciones y respeto al debido proceso en los casos por presunta mala praxis médica, formula el COSS.

El COSS, viene trabajando, en el desempeño del ejercicio de la contraloría socia, desde el año 2007, en virtud de múltiples denuncias por presuntas irregularidades presentadas en la prestación del servicio de salud, tanto público como privado. Voceros/as de esta organización denuncian que según información suministrada por el propio Ministerio Público, actualmente se investigan 627 casos por presunta Mala Praxis Médica a nivel Nacional, siendo los estados con más casos: Distrito Capital con 197, Yaracuy con 69, Carabobo 51, Táchira 47, Zulia con 38, Bolívar 33 y Mérida con 28; sin embargo, no se conocen los resultados de dichas investigaciones o el estado en que se encuentran estos los procedimientos.

Pese a las comunicaciones y peticiones dirigidas a distintos organismos e instancias del Estado (Ministerio Público, Ministerio de Salud, Alcaldía Mayor, Asamblea Nacional, Maternidad Concepción Palacios), para buscar soluciones al mal funcionamiento del servicio de salud y en la búsqueda de celeridad procesal en los procedimientos que lleva la fiscalía, estos no han recibido respuestas y señalan que los problemas estructurales dentro del sistema hospitalario aun persisten. Asimismo, en días pasados, el 31 de diciembre de 2008 y el 1º de enero de 2009, ocurrieron 2 casos, uno en el Hospital de los Magallanes de Catia y otro en la Maternidad Concepción Palacios, en los cuales una de las afectadas presenta muerte cerebral; y la otra falleció luego de ocho días de agonía.

Es por ello, que han decidido realizar una concentración para exigir al Ministerio Público el respeto del debido proceso y demás garantías Constitucionales y el cese a la violación del Derecho a la Salud; de la misma manera exigen la creación de una Dirección especializada en la investigación penal y administrativa de delitos, con ocasión al irregular funcionamiento en la prestación del servicio de salud; y la no caducidad de la acción frente la violación de éste derecho fundamental.

Hacen un llamado a la colectividad para que asista a una concentración pacifica, en la sede Principal del Ministerio Público, el día miércoles 21.01.09, a las 10:00 AM., ubicado en la Av. México, frente a la estación del metro de Parque Carabobo, para exigir la garantía del derecho a la justicia y el respeto al derecho a la salud consagrados en los artículos 26 y 83, respectivamente, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Lanzan cinco bombas lacrimógenas en la Nunciatura Apostólica

A las cinco y treinta de la madrugada de hoy, fueron lanzadas a la sede de la Nunciatura Apostólica cinco bombas lacrimógenas que estallaron dentro de la institución, poco antes de que el nuncio Giacinto Berlocco oficiase la misa diaria.

El atentado supuestamente se le atribuye al colectivo "La Piedrita". La Nunciatura Apostólica en comunicación telefónica, informó a la redacción de El Universal que emitirán un comunicado en el transcurso de la mañana para repudiar este hecho.

En el lugar se localizó un panfleto que critican el refugio que la Nunciatura ha brindado desde hace casi dos años al ex dirigente estudiantil Nixon Moreno y que considera a la iglesia católica como "traidora y cobarde". Parte del encabezado dice: "El grupo de trabajo La Piedrita y nuestro máximo líder Valentín Santana, informamos al pueblo rebelde de Simón Bolívar que nuestra organización revolucionaria desconoce a la cúpula eclesiástica de la iglesia católica y la señala como traidora y cobarde a las verdaderas luchas del pueblo venezolano".

Cabe destacar, que a pocos metros de la Nunciatura Apostólica se encuentra la sede operativa de Caracas Segura y hasta los momentos no se ha presentado ningún efectivo de la Policía Metropolitana ni de otra institución.

De igual forma, la Nunciatura hace un llamado al ministro del Interior y Justicia, Tarek El Aissami para que se apersone al lugar y realice las investigaciones necesarias a fin de dar con el paradero de las personas que realizaron este acto.

Fuente: eluniversal.com

Presidente instruye a autoridades para disolver protestas estudiantiles

Chávez ordenó apresar a los líderes de las protestas
El presidente Hugo Chávez instruyó a las autoridades policiales, al Ministerio de Interior y Justicia adisolver las protestas estudiantiles que sean consideradas comoalteración de orden público o agresiones a los ciudadanos. Mandó aponer preso a los líderes de estas acciones. "Ministro del Interior, écheles gas y disuelva cualquier guarimba, nopodemos comenzar mostrando debilidades como gobierno, no podemos. Hagoresponsable de esto al vicepresidente, al Ministro del Interior y alComandante General de la Guardia Nacional", indicó el Presidente. "¿Qué quieren, que vaya yo a dirigir un pelotón para disolver lamanifestación? No podemos permitir a nadie que tranque una avenida ouna calle o una autopista, así que a estos grupitos direccionados porel imperio se los digo, y doy la orden de una vez, no hace falta queme pidan permiso, ya di una orden, no hace falta que dé permiso cadaquien asuma su responsabilidad", afirmó. Dijo que si no son castigados los autores de "guarimbas" serán losjefes responsables de cada policía y ministerio los que tendrán queasumirla. "Se lo digo al comandante de la Policía Metropolitana y sinohay que quitarlo de ahí y poner a alguien que asuma con autoridad, lospolicías no pueden estar ahí como unos pendejos a los que le escupenla cara y los atropellan", señaló. "A partir de este momento el que salga a quemar un carro, a quemarunos árboles, a trancar una calle que le echen gas del bueno y me lometen preso. Si no lo hicieran me raspo a los jefes responsables, melos raspo a toditos, lo dije y lo vuelvo a repetir: el Chávez pendejose quedó en el 2002. No voy a permitir, por debilidades de ningúntipo, que cuatro escuálidos nos embochinchen el país que tanto nos hacostado echar adelante. No van a poder con nosotros, no van a poderquemar el cerro el Ávila, no van a poder con el pueblo ni con estarevolución", insistió el mandatario. Señaló que en democracias como las de Chile, "a las que le tengo ungran respeto", las manifestaciones de estudiantes son disueltas. "Hacepoco vi unas imágenes de muchachos protestando y allá le echan hastala policía a caballos, los dirigentes de esos hay que detenerlos, doyla orden de una vez señor Ministro de Defensa y de Interior y losjefes de policías", agregó. Llamó a la Fiscalía a acusar a los responsables de agredir a laciudadanía, de agredir a los cuerpos policiales y militares. "Hay que imponer la autoridad y llamo a los demás poderes del Estado,porque este no es un problema mío nada más sino de todo el Ejecutivo ytambién del pueblo, trancar calles y agredir a la ciudadanía eso es undelito, el que agreda un soldado está cometiendo un delito y hay quellevarlos preso y más nada, compadre, no podemos estar contemblequeras o guabineos o se gobierna o no se gobierna". Dijo que la oposición puede hacer sus concentraciones ymanifestaciones de campaña, pero dentro de las vías legales. "Hagan sucampaña pueden hacer marchas, concentraciones, manifestaciones digan'no' por todos lados, pero cuando dicen 'no' están diciendo es 'no seva', ellos nos están haciendo propaganda. Hagan lo que siempre hanhecho, pero por las vías legales".

Fuente: Reuters

CONVOCATORIA

El Comité Popular de Observadores del Servicio de Salud, conformado por personas y familiares de personas afectadas por el mal funcionamiento del servicio de salud, con el objeto de monitorear y exigir el respeto a la garantía del derecho a la salud según lo establece el artículo 83 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual reza:

“La salud es un derecho social fundamental, obligación del Estado, que lo garantizará como parte del derecho a la vida. El Estado promoverá y desarrollará políticas orientadas a elevar la calidad de vida, el bienestar colectivo y el acceso a los servicios. Todas las personas tienen derecho a la protección de la salud, así como el deber de participar activamente en su promoción y defensa…”

Convoca a una CONCENTRACIÓN EL DÍA MIÉRCOLES 21.01.09, A LAS 10:00 A.M.., FRENTE A LA SEDE PRINCIPAL DEL MINISTERIO PÚBLICO, ubicado en la Av. México frente a la estación del metro de Parque Carabobo, para exigir a la Fiscal General de la República, Dra. Luisa Ortega Díaz:

• Celeridad en todas las investigaciones por denuncia de presunta mala praxis médica.
• La creación de una Fiscalía Especial en materia de Salud.
• Investigación para determinar responsabilidad administrativa por mal funcionamiento del servicio de salud (Art. 285 ord. 5º, CRBV)

Criminalización de la protesta‏

Desde hace varios años venimos denunciando cómo cada vez más se somete a luchadores sociales a juicios penales por el solo hecho de ejercer el derecho a la protesta. El año 2008 terminó con la detención de 12 sidoristas. Mientras el país celebraba las fiestas de Navidad, los trabajadores realizaban una protesta a las puertas de la Vicepresidencia de la República y en ese lugar pernoctaron varios días.

La respuesta del gobierno fue la represión. Les dio como regalo pasar las fiestas de año nuevo bajo las rejas. En una actuación combinada de los organismos policiales y la Fiscalía se van llenando los tribunales penales de expedientes donde se enjuicia a trabajadores, estudiantes, vecinos y campesinos. Muchas de las personas sometidas a estos procesos son simpatizantes del gobierno. Un ejemplo de ello son los sidoristas detenidos, quienes a través de los medios de comunicación le solicitaron al Presidente que interviniera en su favor y se reivindicaron como militantes del PSUV. Provea pudo registrar monitoreando la página web de la Fiscalía General de la República que de octubre de 2007 a septiembre de 2007 un total de 67 trabajadores fueron sometidos a juicios penales, 4 dirigentes estudiantiles, 17 profesores y un número no determinado de vecinos. Esta cifra es aún mayor cuando se monitorea información reseñada por los medios de comunicación. El Ministerio público viene aplicando principalmente los artículos 191, 357 y 468 del Código Penal y el artículo 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa. Para enjuiciar adolescentes se recurre a la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y Adolescentes.

El derecho a la protesta en los lugares donde se encuentran las industrias básicas del país prácticamente ha quedado eliminado. Constituye un riesgo para cualquier dirigente sindical o trabajador movilizarse en esas áreas, incluso dentro de las mismas fábricas, o realizar algún paro. Siempre que lo haga se expondrá a la posibilidad de que se le apliquen los artículos 38, 47 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa e incluso que se les procese de manera inconstitucional en un tribunal militar como ya ocurrió con varios dirigentes sindicales.

Se viene criminalizando el cierre de calles, la forma más común de protesta de quienes se sienten en el derecho de reclamar justas reivindicaciones. Para que algún alcalde, gobernador o funcionario de algún ministerio atienda sus reclamos, los hombres y mujeres de este país cada año recurren más a la movilización de calle. El año pasado se realizaron 1.763 manifestaciones, de las cuales 749 fueron bajo la modalidad de cierre de calles. La criminalización de la protesta afecta múltiples derechos civiles, políticos y sociales. Por lo tanto, no debemos ser indiferentes ante el uso de la justicia penal para sancionar a quienes ejercen libremente el derecho a manifestar de manera pacífica.

Por: Marino Alvarado. Coordinador General de Provea

Fuente: Talcual 16.01.09

PRONUNCIAMIENTO DE LA RED DE APOYO POR LA JUSTICIA Y LA PAZ EN RELACIÓN CON EL CONFLICTO EN LA FRANJA DE GAZA

Red de Apoyo por la Justicia y la Paz condena la violencia en la Franja de Gaza y exige cese inmediato de hostilidades contra la población civil

La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social que promueve y defiende los derechos humanos en Venezuela desde hace 24 años, manifiesta ante la opinión pública nacional e internacional su absoluto rechazo a la violencia desatada por el gobierno de Israel contra el pueblo Palestino que habita en la Franja de Gaza.

Nos solidarizamos con la causa del pueblo palestino y por una Palestina Libre, en autodeterminación libre y soberana. Nos manifestamos contra la agresión del Estado de Israel y la actitud cómplice y obsecuente de buena parte de los gobiernos del mundo, así como la lentitud de acción de la Organización de Naciones Unidas que no evidencian contundencia frente a semejante “limpieza” étnica y religiosa que el sionismo realiza sistemáticamente hacia el Pueblo Palestino y los pueblos árabes, reproduciendo el mal que ellos mismos sufrieron durante el holocausto en la II° Guerra Mundial.

No podemos callar nuestra indignación ante estos crímenes de lesa humanidad. La paz sólo es posible con justicia. No permitamos que la impunidad entierre la libertad y la soberanía del pueblo palestino.

En tal sentido:
1. Exigimos el inmediato cese al fuego de ambas partes y el retiro de las tropas de ocupación, así como el resarcimiento material, económico y la atención médica y sicológica a las víctimas de tan criminal acto de guerra.

2. Solicitamos que el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través de su Presidente Hugo Chávez Frías, exija el cumplimiento irrestricto de la resolución de la ONU para frenar la violencia en Gaza y la evaluación de los mecanismos internacionales para garantizar la paz y la seguridad de manera efectiva.

3. Invitamos a que el pueblo de Venezuela se sume a un boicot internacional contra productos comerciales producidos por Israel como forma de protesta activa contra el crimen impulsado por ese Estado.

4. Solicitamos al Consejo de Seguridad de la ONU que identifique una estrategia a seguir para sancionar a los responsables, debido a que el Estado de Israel no ha firmado los tratados internacionales de derechos humanos que sancionan la responsabilidad penal por violaciones a los derechos humanos.

5. Igualmente exigimos a la Organización de las Naciones Unidas velar por el cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario por parte de los actores en conflicto, así como una revisión de sus estructuras para poder cumplir con sus objetivos.

6. Hacemos un llamado a las organizaciones comunitarias, de derechos humanos, culturales, consejos comunales, sindicatos, estudiantes, campesinos y mujeres venezolanas para que nos movilicemos, para que generemos conciencia y nos organicemos contra el atropello a la dignidad humana en donde quiera que se realicen acciones genocidas contra los pueblos el mundo.


Caracas, enero 2009.

Provea abre concurso para el cargo Responsable de Cabildeo

1. Descripción del cargo:
La persona seleccionada deberá ocuparse a tiempo completo y como principal tarea de las políticas de cabildeo de PROVEA. Para lo mismo, deberá:
- formular propuestas en conjunto con el coordinador del Programa de Monitoreo, Investigación y Difusión para elaborar una política de cabildeo a corto, mediano y largo plazo, específicamente en materia de los Derechos Económicos Sociales y Culturales.
- Diseñar y poner en marcha iniciativas de acción concertada y de retroalimentación de las acciones de cabildeo
- Colaborar en mejorar el impacto del Informe Anual, específicamente de las recomendaciones
- Redactar documentos estratégicos y comunicados
- Formular análisis con perspectiva de derechos
- Contribuir a la elaboración de propuestas públicas con perspectiva de derechos
- Asumir actos de vocería y representación institucional bajo la supervisión del Equipo Coordinador
- Elaborar documentos para el Sistema Internacional de Protección de Derechos Humanos

2. Calificaciones y competencias:
- Título universitario en Ciencias Políticas Jurídicas o Sociales, o Relaciones Internacionales
- Compromiso con la defensa de los derechos humanos, en especial con los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC) o experiencia equivalente.
- Habilidades para la redacción y el análisis
- Experiencia previa en el área de cabildeo es deseable o en su defecto conocimiento de las herramientas de cabildeo
- Conocimiento del funcionamiento de las instituciones venezolanas
- Conocimiento de las instituciones internacionales en materia de derechos humanos
- Disponibilidad en trabajar en horarios no convencionales
- Capacidad de trabajar en equipo y ser proactivo.
- Capacidad de trabajar bajo presión
- Habilidad dialogar con diversas expresiones sociales y políticas
Idealmente, la persona seleccionada debe tener experiencia en alguna lucha colectiva relacionada con los derechos humanos. La persona que desee optar, debe estar dispuesta a residir en el área metropolitana de Caracas o sus zonas adyacentes y a viajar fuera de la ciudad o el país cuando los requerimientos del cargo lo exijan, así como a trabajar en horario no convencional. Debe manejar adecuadamente los más comunes programas de computación y es altamente deseable que tenga un dominio del inglés.

3. Ofrecemos:
- Un cargo competitivo y retador
- flexibilidad horaria
- período vacacional atractivo
- Un sueldo de 1930,88 Bs. F. más cesta tickets y otros beneficios previstos por la LOT
- Un ambiente agradable de trabajo
- Posibilidad de realizar cursos regionales e internacionales

A partir del 14.01.09 y hasta el 31.01.09 se recibirán resúmenes curriculares a través de la dirección: gestionprovea@gmail.com. Las entrevistas con las personas preseleccionadas serán entre el 16 y el 17.02.09. La incorporación de la persona seleccionada será el 02.03.09.
El salario mensual contemplado para este cargo es de 1.930,88 bolívares más beneficios otorgados por la LOT.
Para más detalles:
Dirección oficina:
Bulevar Panteón, Tienda Honda a Puente Trinidad, Edificio Centro Plaza Las Mercedes, PB, Local 6, Caracas.
Teléfonos/fax:
0212 8606669, 8621011y 8625333

Provea abre concurso para el cargo Encargado de Medios

1. Descripción del cargo: Provea está en la búsqueda una persona que se haga cargo de la relación con los medios de comunicación y de la elaboración y fortalecimiento de los productos mediáticos que brinda la organización a favor de la promoción, defensa, investigación y formación de los derechos humanos en Venezuela.
La persona que desee optar a este cargo de tiempo completo en el Área de Investigación de Provea debe residir en el área metropolitana de Caracas y cumplir el siguiente perfil para el cargo de Encargado de Medios:

2. Calificaciones y competencias: Persona graduada en cualquier carrera de ciencias sociales o humanísticas (preferentemente politólogo, sociólogo, comunicador social) y/o activista de derechos humanos, con reconocida trayectoria, en especial en DESC.
- Capacidad analítica comprobable en debates y publicaciones.
- Preferiblemente con conocimiento de la doctrina de los derechos humanos (especialmente en derechos económicos, sociales y culturales), aunque no es imprescindible. Si lo es, en cambio, que tenga disposición a aprehender con criterio amplio y progresista la doctrina de derechos humanos, especialmente en derechos económicos, sociales y culturales.
- Comprobada rigurosidad intelectual y metodológica.
- Experiencia en trato con los Medios Masivos de Información y los Medios de Comunicación Alternativos.
- Conocimiento y/o facilidad de manejar lenguaje HTML, en internet 2.0 , trabajar en blog, programas WORD, FRONTPAGE, OFFICE OUTLOOK, ADOBE PROFESSIONAL, PHOTOSHOP, en general de WINDOWS OFFICE XP, y de DREAMWEAVER: MACROMEDIA, FLASH.
Además conviene que posea las siguientes características personales:
• Dinámica, organizada y eficiente.
• Analítica y estudiosa.
• Con impecable capacidad de expresión escrita.
• Con alta motivación por los logros colectivos.
• Con un compromiso ético con las luchas por la dignidad de personas y sectores sociales más excluidos y discriminados, en las que éstos son los principales protagonistas.
• Con capacidad y disposición para pensar y actuar de manera despolarizada, de manera tal que esté dispuesta a solidarizarse con las víctimas de violación a los derechos humanos, independientemente de sus opciones políticas o ideológicas.
• Con visión estratégica y capacidad para establecer prioridades y medir las consecuencias de sus decisiones.
• Con capacidad para dar respuesta adecuadas en situaciones de presión, con sentido de la oportunidad y paciencia.
• Con capacidad para establecer y mantener buenas relaciones interpersonales con personas diversas, tanto dentro del equipo de Provea, como de otras organizaciones sociales.
• Con capacidad para recibir críticas y aplicar correctivos oportunamente cuando estos sean adecuados.
A partir del 14.01.09 y hasta el 31.01.09 se recibirán resúmenes curriculares a través de la dirección: gestionprovea@gmail.com. Las entrevistas con las personas preseleccionadas serán entre el 16 y el 17.02.09. La incorporación de la persona seleccionada será el 02.03.09.
El salario mensual contemplado para este cargo es de 1.930,88 bolívares más beneficios otorgados por la LOT.
Para más detalles:
Dirección oficina:
Bulevar Panteón, Tienda Honda a Puente Trinidad, Edificio Centro Plaza Las Mercedes, PB, Local 6, Caracas.
Teléfonos/fax:
0212 8606669, 8621011y 8625333.

Se desploman 32 viviendas de conjunto residencial en Falcón

8 mil adjudicatarios temen quedar sin sus casas construidas por Fondur


Unas 32 familias corren peligro ante el desplome progresivo de la infraestructura física del edificio Amuay en el complejo residencial Juan Crisóstomo Falcón, al oeste de la ciudad.

Desde hace tres años se está presentando este problema, dijo José Chirinos, presidente del condominio del edificio afectado. "Haremos las diligencias necesarias para tratar de solventar el problema del bloque que se cae progresivamente".

Y es que en horas de la mañana del viernes pasado las familias que residen en la planta baja del edificio Amuay se impresionaron al ver las paredes agrietadas por un movimiento que hiciera la infraestructura en horas de la noche. "Casi no hemos dormido desde ese día, en la noche se siente cómo explotan los ladrillos", refirió Haydée Palencia, residente del PB 06 desde hace siete años.

Otilio Morles, también afectado, manifestó que el pasado 21 de diciembre un arquitecto estuvo en el bloque y pronóstico que si el piso seguía cediendo habría que abandonar el edificio porque su desplome es sólo cuestión de tiempo. "Fíjese que no ha pasado un mes cuando en la madruga parecía que temblaba y los bloque se partían y las puertas se despegaban de los arcos".

El edificio Amuay no es el único que presenta fallas en su infraestructura. También el Guaranao, Urumaco y Caujarao, todos ubicados dentro del mismo complejo habitacional, habilitado para su ocupación desde el mes de mayo de 2001.

Actualmente se construyen dos edificios más, el primero de los cuales ya ha sido asignado.

Desde la fundación de este complejo habitacional se han presentado serias fallas en la construcción de las unidades habitacionales. El año pasado y tras múltiples denuncias e informes se logró el arreglo de los baños y las cocinas de todos los apartamentos, pues levantaron las tuberías para evitar el colapso de las mismas, aseguraron los residentes del conjunto.

Situación similar se presenta en el Guaranao. Allí todas las familias están temerosas y han enviado dos informes a Fondur, participándoles el problema de la estructura física de los edificios que presentan serios defectos: la cabina de electricidad de los apartamentos no está protegida y calienta las vigas de la estructura, además no hay depósito para colocar los desechos sólidos. En total son 250 edificios repartidos en cinco núcleos para un total de 8 mil personas que podrían verse afectadas por las fallas de construcción y que ya no están cancelando por considerar que fueron estafados.

Fuente: Nuevo Día

Cerca de 17 millones de venezolanos se benefician de Mercal

“Aproximadamente 17 millones de personas están siendo favorecidos por la red Mercal (Mercados de Alimentos)”, informó este lunes el presidente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Elías Eljuri.

Durante su participación en el programa Despertó Venezuela, que transmite Venezolana de Televisión, Eljuri indicó que “4,1 millones de hogares se benefician de al menos un producto vendido por la red Mercal, lo que representa aproximadamente 17 millones de personas”.

Al analizar estas cifras, el presidente de INE comentó que “el promedio para el 2008 de la canasta básica estuvo alrededor de 856 bolívares, pero el valor de la canasta básica con Mercal se situó en 771, es decir, que bajó un 11%”.

En este sentido, Eljuri manifestó que los sectores más beneficiados son los estratos 4 y 5. “Las personas que viven en extrema pobreza han incrementado su consumo en Mercal del 30,6 % en el 2004 al 69% en la actualidad, es decir, son los más beneficiados”.

Asimismo, señaló que “en el estrato 4 de pobreza, la participación en Mercal se ha incrementado de 29,2% a 68,5% y los estratos 1, 2 y 3, que serían los que tienen mejor nivel de vida, sobretodo el 1 y el 2, se ha incrementado el consumo del 13,5% a 45,3%, es decir, que todos lo sectores han recibido apoyo”.

Al respecto, Eljuri enfatizó que todos estos índices, al analizarlos globalmente, “reflejan una mejora bien importante en las condiciones de vida de la población venezolana”.

Fuente: ABN

Basura pone en riesgo vida útil del Parque Morrocoy

La falta de conciencia de los temporadistas se traduce en toneladas de desechos contaminantes

Unas 550 toneladas de basura se han extraído lo que va de año del Parque Nacional Morrocoy, único parque natural que tiene el país con preferencia turística por encima del resto de espacios similares. Sólo entre abril y mayo de 2008, 180 toneladas de basura se sacaron del parque más visitado de Venezuela, según lo declaró públicamente Alexander Cegarra, viceministro de Conservación Ambiental del Ministerio para el Ambiente.

La inconsciencia de los temporadistas está acarreando graves consecuencias a este reservorio natural debido a los altos grados de contaminación que producen los desechos sólidos arrojados al agua y depositados alrededor de los cayos o islotes.

Ya en 1996, se habló de una contaminación importante de las aguas del parque producto de la industrialización desordenada en la zona y la descarga de aguas servidas en el ambiente marino. Organizaciones ambientalistas lanzaron advertencias y recomendaciones.

En 2004, elaboró otro informe por el oceanólogo Andrés Osorio, miembro de Fundación La Tortuga, en el cual se refleja la afectación de las aguas del golfo de Cuare. "Son pocos los años que le quedan de vida al reservorio natural", dijo.

Osorio precisó las urgentes acciones judiciales y de protección al ambiente del parque, las cuales servirán de antecedentes para los próximos estudios que se planean realizar en las aguas de Cuare, tomando en cuenta que los estudios presentados datan del año 2004.

Explicó que el estudio demuestra el sacrilegio de las ostras, lo que hace intuir la garantía del medio de siembra utilizado para la reclusión del microbio "Helicobacter pylori", que contiene la ostra, e indica que se requerirían más exámenes para desarrollar el contenido inhibidor de bacterias sobrepuestas como "P. mirabilis" y " V. cholerae".

Osorio se refirió a la posible contaminación de peces como el pargo y la liso, al igual que otras especies marinas que se encuentran en Chichiriviche. El problema no se presenta sólo en el golfo de Cuare, sino también donde se ubica el barco hundido de la gaviota y en la Cueva de la Virgen.

Dos millones de visitantes
Según encargados de la cobranza de ingreso a Morrocoy, desde el pasado 31 de diciembre de 2008 y hasta el 7 de enero de 2009, más de 2 millones de personas llegaron a Tucacas y Chichiriviche. Voceros del parque señalaron que trabajan en horario corrido, en la recolección de la basura y en evitar su acumulación.

Informaron que en lo que va del año han sacado más de 550 toneladas de basura, recolectada entre los distintos puntos de concentración masiva de personas, que en comparación a otros años, al menos 40% de los visitantes han colaborado con el mantenimiento.

Fuente: eluniversal.com

MIJ implementa software policial para prevenir violaciones de DDHH

EL Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami, informó el día miércoles 7 de enero en rueda de prensa, la implementación de un software que unirá en red a todos los cuerpos policiales del país y que tiene por objetivo compartir información sobre la trayectoria individual de cada funcionario y que busca la depuración y erradicación de la comisión de delitos o hechos de violación de derechos humanos cometidos por funcionarios.

Se pretende retroalimentar la base de datos desde el órgano rector, pero también desde los cuerpos de policía.

La plataforma tecnológica se denomina SIGEPOL (Sistema de Gestión Policial) y busca compartir la información de funcionarios policiales municipales, estadales y nacionales, con el fin de evitar que cualquier funcionario que haya estado involucrado en un delito o violación de derechos humanos pueda ser policía en otro cuerpo de seguridad, explicó el Ministro en rueda de prensa.

Fuente: Prensa MPPRIJ